El inicio de 2026 en Argentina está marcado por una serie de aumentos en servicios públicos, transporte, alquileres y salud, que impactan directamente en el presupuesto de los hogares. Desde el 1° de enero, los usuarios deben afrontar subas en colectivos, subtes, trenes, luz, gas, agua, nafta, alquileres y la Verificación Técnica Vehicular (VTV), entre otros rubros.

En el área metropolitana de Buenos Aires, el boleto de colectivo sube un 4,5% en enero, alcanzando los $688, y continuará incrementándose en los meses siguientes. El subte mantiene su tarifa en $1.206 hasta febrero, para luego subir a $1.336 en marzo y proyectarse a $1.664 en diciembre. La VTV en la provincia de Buenos Aires tendrá un aumento del 21,8% desde el 16 de enero, llevando la tarifa básica a $97.057,65 para autos familiares.

Las facturas de luz y gas también registran aumentos moderados, de entre 2% y 3%, según las resoluciones oficiales y el nuevo esquema de subsidios. El Gobierno nacional dispuso que Edenor y Edesur apliquen subas de 2,31% y 2,24% respectivamente, mientras que el gas natural incorpora un ajuste del 0,53% en el valor mayorista. El agua sube 4% mensual, acumulando un 17% en cuatro meses, y la tarifa promedio sin subsidio asciende a $32.435 en el AMBA.

En cuanto a combustibles, la nafta y el gasoil experimentan nuevos incrementos debido a la actualización de impuestos y la liberación del mercado, con subas acumuladas de hasta 45% en 2025. Los alquileres bajo la vieja ley aumentan 36,39% en enero, mientras que los contratos nuevos dependen de acuerdos individuales entre partes. Los planes de salud privada tendrán subas de entre 2,2% y 2,9%, y las expensas y servicios de telecomunicaciones también registran aumentos de entre 2% y 4,5%.

El Gobierno justifica estos incrementos como parte de una estrategia para reducir gradualmente los subsidios y trasladar una mayor proporción del costo real de los servicios a los usuarios. El esquema de subsidios se modifica, segmentando solo entre usuarios con y sin subsidio, y concentrando las bonificaciones en los meses de mayor consumo energético. Las empresas de servicios argumentan que los aumentos responden a la necesidad de compensar el atraso tarifario y los mayores costos operativos.

Organizaciones de consumidores y usuarios expresan preocupación por el impacto acumulativo de las subas en el poder adquisitivo y la inflación, que para 2026 se proyecta entre el 10,1% y el 19,6% según distintas estimaciones. El mercado de combustibles, liberado desde julio de 2025, dificulta el seguimiento de precios y genera incertidumbre sobre futuros ajustes. En este contexto, el inicio de año se presenta desafiante para los hogares argentinos, que deberán ajustar sus presupuestos ante el nuevo escenario tarifario.