El Ministerio de Justicia de la Nación dispuso la plena entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal (T.O. 2019) en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba a partir del 15 de junio de 2026. Al mismo tiempo, la cartera decidió postergar la implementación del nuevo sistema en las jurisdicciones de Posadas y La Plata, fijando nuevas fechas para el 24 de agosto y el 30 de noviembre de 2026, respectivamente.

La decisión responde a los reclamos de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que solicitó formalmente la suspensión de la puesta en marcha del Código en Posadas y La Plata. El gremio, liderado por Julio Piumato, argumentó que "el sistema no es un problema en sí mismo. Sí lo es la falta de recursos humanos, tecnológicos y edilicios para su entrada en vigencia en esas jurisdicciones". Según la UEJN, las condiciones actuales no garantizan la operatividad del nuevo esquema procesal, señalando deficiencias en la dotación de personal, infraestructura y conectividad, así como escasez de técnicos para peritajes y análisis de información.

El Ministerio de Justicia, por su parte, defendió la reforma como una política de Estado orientada a consolidar el sistema acusatorio en todo el país. Destacó las inversiones realizadas en infraestructura, tecnología y capacitación, y subrayó la importancia de la coordinación entre los distintos organismos del sistema judicial federal. "La implementación progresiva del Código ha permitido construir un esquema federal de trabajo conjunto", señala la resolución oficial.

La reforma procesal penal federal, iniciada en 2014, ha enfrentado múltiples postergaciones debido a dificultades operativas y presupuestarias. El nuevo sistema busca agilizar los procesos judiciales y fortalecer el rol del Ministerio Público Fiscal, pero su avance depende de la disponibilidad de recursos y la articulación institucional. El gremio judicial advirtió que la "improvisación impacta directamente en las condiciones laborales" y reclamó una dotación adecuada de personal y recursos antes de avanzar con la implementación en las jurisdicciones pendientes.

La postergación en Posadas y La Plata refleja la complejidad de la reforma y la necesidad de garantizar condiciones mínimas para su éxito. El proceso continuará bajo la supervisión de los organismos judiciales y sindicales, con la expectativa de que las mejoras reclamadas se concreten antes de las nuevas fechas establecidas.