La Cámara Federal porteña resolvió que la denuncia por presunta intimidación a vecinos del country Indio Cuá, donde reside el jefe de Gabinete Manuel Adorni, continúe en los tribunales de Comodoro Py y no sea trasladada al juzgado federal de Campana. La decisión, adoptada por el juez Eduardo Farah, responde a un conflicto de competencia entre ambos tribunales, ya que el barrio privado está ubicado en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, pero la denuncia fue presentada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La causa se originó en mayo, cuando la diputada nacional Marcela Pagano denunció un "despliegue permanente" de efectivos de Gendarmería Nacional en el acceso al barrio Indio Cuá, presuntamente sin acto administrativo fundado, sin evaluación técnica de riesgo ni requerimiento judicial. Según la legisladora, la medida habría tenido como finalidad amedrentar a los vecinos, sumándose a mensajes intimidatorios atribuidos a Adorni en grupos de WhatsApp del barrio.

El expediente también está vinculado a una investigación por presunto enriquecimiento ilícito de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, relacionada con la compra y refacción de su vivienda en el country, con gastos declarados de 245 mil dólares en efectivo. La fiscalía solicitó registros de ingresos y egresos al lote 380 para reconstruir aspectos patrimoniales de las reformas.

El conflicto de competencia surgió cuando el juzgado porteño se declaró incompetente y remitió la causa a Campana. Sin embargo, la Cámara Federal consideró prematuro el traslado, ya que la investigación se encuentra en una etapa inicial y aún no se han reunido pruebas suficientes para determinar la jurisdicción. "Ese temperamento fue adoptado cuando en la causa sólo obraba la denuncia y ni siquiera se había dado intervención al Ministerio Público Fiscal", señaló Farah en su resolución.

La denuncia también involucra a la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y a integrantes de Gendarmería. El expediente se mantiene en el juzgado federal 3, a cargo de Daniel Rafecas, quien también subroga la causa contra el hermano de Adorni por presunta omisión maliciosa en declaraciones juradas.

La resolución de la Cámara Federal es de carácter procesal y no implica un pronunciamiento sobre el fondo de la denuncia. La investigación deberá ahora determinar si existió la custodia de Gendarmería, quién la ordenó y bajo qué fundamentos, así como la veracidad de los mensajes atribuidos a funcionarios. Hasta que estos puntos sean esclarecidos, la causa continuará en la Justicia federal porteña.