El Senado argentino rechazó este jueves los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento universitario y emergencia en salud pediátrica, en una sesión que evidenció la debilidad parlamentaria del oficialismo. Con 58 votos a favor y 7 en contra en el caso de las universidades, y 59 a 7 en el de la salud pediátrica, la Cámara alta obligó al Ejecutivo a promulgar ambas normas, que ya habían sido aprobadas y vetadas en septiembre.

Las leyes, que garantizan la actualización de fondos y salarios para universidades públicas y hospitales pediátricos como el Hospital Garrahan, fueron celebradas por la comunidad educativa y sanitaria. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto presupuestario será de $1,96 billones para las universidades y $133.433 millones para la salud pediátrica. "La salud pública no es un privilegio, es un derecho", afirmó la senadora Natalia Gadano, mientras que el senador José Mayans subrayó que "las bases de la justicia social y del crecimiento de una sociedad son la salud y la educación".

El oficialismo, por su parte, defendió el veto argumentando que la aplicación de estas leyes pondría en riesgo el equilibrio fiscal. El jefe de bloque de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, sostuvo que "utilizar a los niños para hacer política les debería dar vergüenza" y acusó a la oposición de priorizar intereses electorales.

La votación se produce en un contexto de creciente aislamiento del Gobierno y presión internacional para lograr consensos, especialmente ante la proximidad de las elecciones legislativas y las demandas del FMI. Es la tercera vez en un mes que el Congreso revierte un veto presidencial, un hecho inusual en la historia reciente argentina. La oposición advirtió que el Ejecutivo podría demorar la aplicación de las leyes, como ya ocurrió con la ley de Emergencia en Discapacidad, cuya reglamentación fue suspendida a la espera de definiciones presupuestarias.

Universidades y sindicatos celebraron la decisión y exigieron la pronta promulgación y cumplimiento efectivo de las normas. "Ahora es importante que el conjunto del pueblo, los universitarios, el Congreso y la justicia obliguen al Gobierno a cumplir con la ley", expresó Jorge Anró, de la FATUN. El desenlace de este conflicto marcará el rumbo de la relación entre el Congreso y el Ejecutivo en los próximos meses.