Una adolescente de 15 años fue brutalmente atacada en la ciudad de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, en un hecho que ha generado conmoción y movilización social. El episodio ocurrió la noche del 1° de enero, cuando la joven salió de su casa para dirigirse a un kiosco y fue interceptada por un grupo de cinco jóvenes, dos varones y tres mujeres, quienes la golpearon y le provocaron graves cortes en el rostro con armas blancas.

Según el relato de la madre de la víctima, Luciana Nardulli, el ataque fue el desenlace de meses de acoso, amenazas y agresiones previas sufridas por la adolescente, tanto en espacios públicos como en redes sociales. "La intención principal era cortarle el cuello. La querían matar", aseguró la madre, quien también denunció la falta de respuesta de las autoridades y de los padres de los agresores ante las reiteradas advertencias.

La joven fue auxiliada por vecinos y trasladada de urgencia al hospital local, para luego ser derivada al Hospital Jaime Ferré de Rafaela, donde recibió atención especializada. Los médicos indicaron que solo un cirujano plástico podrá reconstruir el daño sufrido en el rostro, mientras la adolescente permanece bajo tratamiento psicológico debido al trauma.

El hecho generó una fuerte reacción en la comunidad de San Cristóbal, que se movilizó en la Plaza San Martín para exigir justicia y medidas urgentes contra la violencia juvenil. "Están en sus casas, con sus familias, mientras mi hija no puede mirarse al espejo", expresó la madre, quien también denunció amenazas por parte de familiares de los atacantes.

La investigación está a cargo de la fiscal Carina Gerbaldo. En la madrugada del sábado, la Policía de Investigaciones realizó cinco allanamientos simultáneos, logrando la detención de tres sospechosos, de 18, 17 y 16 años, y el secuestro de armas blancas y teléfonos celulares. Sin embargo, persiste la preocupación por la impunidad y la reiteración de hechos violentos entre adolescentes en la ciudad.

El caso ha puesto en evidencia la necesidad de políticas efectivas para prevenir la violencia juvenil y garantizar entornos seguros para los jóvenes, tanto en las escuelas como en los barrios. La comunidad espera que la respuesta judicial y social marque un antes y un después en la protección de las víctimas y en la sanción de los responsables.