Tras casi siete años de restricciones cambiarias, las empresas petroleras de capital extranjero que operan en Argentina han reanudado la transferencia de utilidades a sus casas matrices. Esta reactivación fue posible gracias a la flexibilización implementada por el Banco Central a través de la Comunicación “A” 8226, vigente desde abril de 2025, que permite el giro de dividendos al exterior para utilidades generadas en ejercicios iniciados a partir del 1° de enero de 2025.

Según datos oficiales, en marzo de 2026 las empresas giraron al exterior USD 869 millones en concepto de utilidades y dividendos, de los cuales el sector energético concentró USD 460 millones. En abril, las remesas globales alcanzaron los USD 365 millones, con el sector energético nuevamente a la cabeza con USD 107 millones. Sin embargo, el stock de dividendos acumulados durante los años de cepo permanece restringido y no puede acceder libremente al mercado oficial.

El cepo cambiario fue restablecido en septiembre de 2019, tras la derrota electoral de Cambiemos, y desde entonces bloqueó la repatriación regular de ganancias por parte de multinacionales. La imposibilidad de transferir utilidades fue uno de los factores que llevó a muchas empresas a revisar sus planes de inversión en el país. Con la llegada del gobierno de Javier Milei en diciembre de 2023, comenzó un proceso gradual de desmantelamiento del cepo, aunque las restricciones para empresas siguen vigentes en varios frentes.

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, señaló que la prioridad del organismo es el funcionamiento del comercio exterior y no la eliminación total de las restricciones para personas jurídicas. Además, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) otorga beneficios fiscales y cambiarios a grandes proyectos energéticos, lo que ha generado críticas sobre el impacto en la recaudación y la soberanía económica.

Mientras sectores empresariales consideran la medida como una señal positiva para el clima de negocios, sectores críticos la ven como una “fuga legalizada” que debilita las reservas y afecta la soberanía energética. El debate sobre el futuro del stock de dividendos retenidos y el impacto de estas políticas en la economía nacional continúa abierto.