La sede central del PAMI en Resistencia, Chaco, fue allanada este martes por orden de la Justicia Federal, en el marco de una investigación que involucra presuntas coimas, contrataciones irregulares y afiliaciones partidarias falsas. El operativo, encabezado por agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, se concentró en la oficina principal de la Unidad de Gestión Local XIII, donde se incautaron cajas de documentación y equipos electrónicos para su análisis judicial. A pesar de la presencia policial, la atención al público continuó con normalidad.

La investigación, instruida por el fiscal federal Patricio Sabadini, apunta a un entramado de presunta corrupción que involucra a referentes de La Libertad Avanza y ANSES en la provincia. Jorge “Capi” Rodríguez, presidente de LLA Chaco y delegado regional de ANSES, fue citado a declaración indagatoria por los delitos de falsedad ideológica y violación de deberes de funcionario público, tras detectarse más de 40 casos de afiliaciones partidarias apócrifas. Según la hipótesis fiscal, Rodríguez habría utilizado su posición para acceder a bases de datos oficiales y sumar de forma fraudulenta a ciudadanos al partido libertario, sin su consentimiento.

El expediente también involucra a Alfredo Moreno, tesorero de LLA Chaco y coordinador administrativo del PAMI local, señalado por testigos como parte de un esquema de presunta extorsión y cobro de coimas a médicos prestadores del organismo. Dos profesionales declararon ante la Justicia que, a través de terceros, se les exigió dinero para mantener sus contratos, mientras que Moreno negó cualquier vinculación y atribuyó las denuncias a una operación de la corporación médica local.

El allanamiento en PAMI se suma a una inspección previa en la empresa Sakura Turismo, vinculada a Moreno, bajo sospecha de contratos irregulares para viajes de jubilados. Documentos incautados contradicen la versión de Moreno sobre su relación con la firma, agregando elementos a la causa.

El caso se desarrolla en un contexto de recortes y ajustes en organismos estatales, y genera repercusiones políticas en la provincia. El gobernador Leandro Zdero, aliado de Javier Milei, se ha distanciado de los implicados, mientras la Justicia avanza con el análisis de pruebas y nuevas citaciones. Las investigaciones continúan y podrían tener implicaciones en futuras gestiones y alianzas políticas en Chaco.