La estancia Las Palmas, situada en la provincia de Buenos Aires, constituye uno de los testimonios más antiguos y emblemáticos de la historia rural argentina. Fundada en el siglo XVII, su origen se remonta a Cristóbal de Altamirano, uno de los compañeros de Juan de Garay en la fundación de Buenos Aires en 1580. Altamirano recibió tierras que, tras varias generaciones, fueron donadas a la Compañía de Jesús por uno de sus descendientes, el sacerdote jesuita Cristóbal de Altamirano.

Bajo la administración jesuítica, la estancia alcanzó una extensión de 62.000 hectáreas y se convirtió en un modelo de organización productiva, con una importante dotación de ganado, mulas y caballos, además de una estructura social compleja que incluía esclavos y peones. La expulsión de los jesuitas en 1767 marcó el inicio de una nueva etapa, en la que la propiedad pasó a manos de familias influyentes como los Otálora, González Rivadavia, Villanueva y Urquiza.

A lo largo de los siglos XIX y XX, la estancia fue modernizada y fragmentada. Benito Villanueva, destacado político y presidente del Jockey Club, introdujo la cría de caballos de carrera, mientras que el coronel Alfredo de Urquiza y su esposa Lucila de Anchorena impulsaron la producción lechera y mejoraron las instalaciones. Tras la muerte de Urquiza en 1939, la propiedad quedó en manos de su hija Lucila y posteriormente fue dividida entre sus descendientes, hasta que una parte fue adquirida por un grupo privado en 1992.

La historia de Las Palmas ha sido documentada por Josefina Fornieles, quien destaca el valor patrimonial y social de la estancia, así como el papel de las mujeres en la transmisión de la propiedad. "Si de muchas propiedades rurales se hiciera el seguimiento de sus propietarios, seguramente haríamos una completa historia social de varios siglos", señala la autora. La trayectoria de Las Palmas ilustra la transformación del campo bonaerense y la influencia de órdenes religiosas y familias patricias en la historia argentina, constituyéndose en un ejemplo de la evolución de la propiedad rural y la memoria social del país.