La Justicia de Corrientes dictó un fallo que podría cambiar la relación entre los usuarios de tarjetas de crédito y las entidades bancarias en Argentina. El Juzgado Civil y Comercial Nº 6 de Corrientes, a cargo de la jueza Sonia Elizabeth Filipigh, ordenó al Banco de Corrientes S.A. cesar de inmediato la práctica de debitar anticipadamente el saldo total de las tarjetas de crédito de sus clientes, una modalidad que se venía aplicando de manera sistemática y que afectaba la disponibilidad de fondos de los usuarios.

El caso se originó cuando un cliente del banco detectó que, apenas se acreditaban sus haberes, la entidad descontaba automáticamente el total del resumen de su tarjeta Visa, varios días antes de la fecha de vencimiento estipulada en el contrato. El usuario argumentó que esta operatoria le impedía disponer libremente de su dinero y que el contrato firmado solo autorizaba el débito en la fecha de vencimiento, no antes. La jueza Filipigh, tras analizar la documentación, concluyó que el banco no contaba con respaldo contractual para adelantar el cobro y que la práctica resultaba improcedente.

En su resolución, la magistrada remarcó que adelantar el cobro priva al usuario de utilizar, invertir o administrar sus fondos durante ese período, lo que puede generar un perjuicio económico real. Además, subrayó que ninguna de las partes puede modificar unilateralmente las condiciones pactadas, ni siquiera a través de sistemas automatizados de cobro. El fallo, encuadrado bajo la Ley de Defensa del Consumidor y la Ley de Tarjetas de Crédito, obliga al banco a asumir las costas del proceso judicial y a revisar sus sistemas de débito automático para ajustarse a la normativa.

Especialistas en derecho del consumidor consideran que la decisión judicial sienta un precedente relevante para otros usuarios que puedan enfrentar situaciones similares. El Poder Judicial de Corrientes destacó la importancia de respetar los plazos contractuales y advirtió que adelantar cobros sin autorización expresa puede derivar en acciones judiciales y sanciones para las entidades financieras. El fallo refuerza el rol de la Justicia en la protección de los consumidores y marca límites claros a las prácticas abusivas en el sistema bancario argentino.