La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires ratificó una sentencia que obliga a la agencia de turismo Cruiseline SRL a modificar sus publicidades por presentar a las Islas Malvinas como parte del Reino Unido. La Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo confirmó el fallo de primera instancia, que ordenó a la compañía rectificar la información ofrecida a los viajeros y comunicar correctamente la soberanía argentina sobre el archipiélago.

El caso se originó a partir de denuncias de consumidores y abogados que detectaron que la empresa promocionaba viajes en crucero identificando al territorio insular con denominaciones británicas, como “Falkland Islands”, y utilizando mapas con toponimia inglesa. Los denunciantes argumentaron que esta práctica inducía a error a los consumidores y violaba la normativa nacional vigente, que exige claridad y veracidad en la información sobre los destinos turísticos.

La defensa de Cruiseline SRL sostuvo que su rol era meramente intermediario de servicios prestados por navieras internacionales y que la referencia al Reino Unido reflejaba una realidad administrativa de facto, ya que las operaciones portuarias en la zona se rigen por autoridades británicas. Sin embargo, el tribunal desestimó estos argumentos y consideró que la agencia, como parte de la cadena de comercialización, debe responder ante los clientes y respetar el orden jurídico local.

La resolución judicial se apoyó en la Constitución Nacional, que ratifica la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur. La jueza Laura Perugini subrayó que cualquier publicidad difundida en el país que desconozca esta titularidad implica una infracción al ordenamiento legal. Además, el tribunal detectó irregularidades en los mapas exhibidos en el sitio web de la empresa, como el uso de nombres ingleses en lugar de la nomenclatura oficial argentina.

Aunque la defensa alegó que ningún argentino podría confundirse sobre la soberanía de las islas, la Justicia rechazó ese argumento y estableció que el estándar legal se basa en la posibilidad objetiva de inducir a error. La jueza Nieves Macchiavelli votó en disidencia parcial, considerando que la mención al Reino Unido describía condiciones operativas, pero su postura fue minoritaria.

Como consecuencia, Cruiseline SRL deberá eliminar los contenidos considerados ilícitos de sus plataformas digitales, publicar un aviso rectificatorio y notificar a los clientes que hayan contratado el servicio, aclarando que el destino corresponde a la República Argentina. El fallo sienta un precedente relevante para la regulación de la oferta turística en territorios en disputa y refuerza la obligación de respetar la legislación nacional.