El presidente Javier Milei anunció que el Gobierno nacional avanza en el diseño de un proyecto de ley para instaurar un mecanismo de "shutdown" estatal, inspirado en el sistema vigente en Estados Unidos. La propuesta, según explicó el mandatario en entrevistas recientes, busca limitar de manera estricta el gasto público: una vez agotado el presupuesto asignado, la administración pública suspendería todas las actividades no esenciales, manteniendo únicamente los servicios críticos como seguridad, justicia y emergencias.

La iniciativa se enmarca en una serie de reformas económicas y fiscales que el Ejecutivo impulsa en paralelo, incluyendo la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. Milei remarcó que el objetivo es impedir que el Banco Central financie al Tesoro mediante la emisión de moneda, prohibición que estaría respaldada por sanciones penales. "Emitir podría ser penado. La estafa y la falsificación de moneda es un delito penal", afirmó el presidente.

El mecanismo de shutdown, ampliamente utilizado en Estados Unidos, se activa cuando el Congreso no aprueba a tiempo las leyes de financiamiento. En esos casos, las agencias federales suspenden actividades no esenciales y solo continúan operando los servicios indispensables. Ejemplos recientes en EE.UU. incluyen cierres prolongados que afectaron a cientos de miles de empleados públicos y generaron demoras en servicios y programas federales.

En el contexto argentino, la implementación de un shutdown requeriría una ley específica, ya que la actual Ley de Administración Financiera prevé la prórroga automática del presupuesto anterior en caso de falta de acuerdo. La variante local que analiza el Gobierno apunta a impedir que el Poder Ejecutivo comprometa o devengue gastos una vez agotadas las partidas, salvo para áreas exceptuadas.

El anuncio generó expectativas y debates sobre el impacto potencial de la medida. Mientras el Gobierno la presenta como un cambio de paradigma para la disciplina fiscal, especialistas advierten sobre los riesgos de paralizar servicios públicos y la necesidad de adaptar el mecanismo a la realidad institucional argentina. El proyecto será debatido en el Congreso, donde se anticipa una discusión intensa sobre sus alcances y consecuencias.