La muerte de Ángel López, un niño de 4 años en Comodoro Rivadavia, ha conmocionado a la sociedad y puesto en el centro del debate la actuación de la Justicia y los organismos de protección de la niñez. Ángel falleció el 5 de abril tras haber sido revinculado con su madre biológica por decisión del juez Pablo Pérez, en un proceso que ahora es duramente cuestionado por familiares y organizaciones sociales.

La autopsia realizada al menor reveló lesiones internas en la cabeza, lo que llevó a la Fiscalía a caratular el caso como "muerte dudosa potencialmente ilícita". Los fiscales Facundo Oribones y Cristian Olazábal señalaron que tanto la madre como su pareja son los principales sospechosos, aunque hasta el momento no hay imputados ni detenidos. "No tenemos todavía una mecánica de cómo ha ocurrido", explicó Olazábal, quien agregó que se esperan los resultados de estudios histopatológicos para avanzar en la investigación.

El caso de Ángel ha destapado una serie de denuncias sobre irregularidades en el fuero de Familia de Chubut. Diversas familias relataron situaciones similares, con informes técnicos presuntamente "copiados" y falta de controles efectivos sobre el bienestar de los menores. La familia de Ángel, así como otras personas afectadas, apuntaron contra el juez Pérez y el equipo interdisciplinario por su accionar y la falta de respuestas ante reclamos previos.

El abuelo de Lucio Dupuy, otro niño víctima de un caso de violencia familiar, expresó su dolor y comparó ambas tragedias, criticando la falta de escucha activa a los niños por parte de las instituciones. "No me entra en la cabeza cómo no pueden escuchar a los niños", afirmó.

En el trasfondo del caso, se conocieron antecedentes de violencia tanto en la madre como en el padre de Ángel, lo que complejiza aún más la situación judicial y familiar. Mientras tanto, la sociedad de Comodoro Rivadavia se movilizó en marchas para exigir justicia y reformas en el sistema de protección de menores.

El caso de Ángel López reabre el debate sobre la necesidad de mejorar los mecanismos de escucha y protección de la niñez, así como la responsabilidad de los organismos estatales y judiciales en la prevención de tragedias similares.