El conflicto salarial en la provincia de Buenos Aires alcanzó un nuevo punto de tensión tras el rechazo de los gremios estatales, docentes y judiciales a la última oferta de aumento presentada por el gobierno de Axel Kicillof. La propuesta, que contemplaba un incremento del 3% para los sueldos de febrero, fue considerada insuficiente por los sindicatos, quienes argumentan que la pérdida de poder adquisitivo acumulada en los últimos años no ha sido compensada por los aumentos otorgados.

En este contexto, los principales gremios de la administración pública provincial, entre ellos ATE, el Frente de Unidad Docente Bonaerense y la Asociación Judicial Bonaerense, convocaron a un paro general para el lunes 2 de marzo. Esta medida de fuerza afectará el normal inicio de clases y la actividad en dependencias estatales, marcando el primer año en que las escuelas bonaerenses no comienzan en tiempo y forma.

El reclamo sindical se centra en la necesidad de una recomposición salarial que equipare los sueldos a la inflación y recupere la pérdida registrada durante 2025. Además, ATE exige recategorizaciones, el pase a planta permanente de los trabajadores temporarios y la derogación de normativas que consideran perjudiciales para el sector. Por su parte, los docentes insisten en la restitución del Incentivo Docente y el aumento del presupuesto educativo, mientras que los judiciales demandan una propuesta superadora que contemple la recuperación del poder adquisitivo.

A la protesta de los gremios tradicionales se sumó el reclamo de los fiscales de primera instancia del Ministerio Público bonaerense, quienes solicitaron una urgente recomposición de sus haberes y mejores condiciones laborales. Argumentan que la crisis salarial impacta en la calidad del servicio de justicia y señalan el desgaste que implica la "guardia permanente" en los departamentos judiciales más poblados.

El gobierno provincial, que enfrenta restricciones presupuestarias por el recorte de fondos nacionales y el aumento de tarifas, busca cerrar acuerdos antes del 13 de marzo, fecha límite para la liquidación de sueldos. Sin embargo, la aparición de nuevos actores en el conflicto y la persistencia de demandas sindicales complican el panorama y generan preocupación en el oficialismo por un posible "efecto contagio" hacia otros sectores estatales.

El desenlace de las negociaciones paritarias será clave para determinar el impacto del conflicto en la administración pública bonaerense y en el clima político de la provincia, en un contexto marcado por la alta inflación y el ajuste fiscal nacional.