La Fundación Faro, presidida por Agustín Laje y vinculada al oficialismo libertario, enfrenta una investigación de la Inspección General de Justicia (IGJ) tras declarar ingresos por más de $5.000 millones en donaciones durante 2024. El organismo, dependiente del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, notificó formalmente a la organización para que, en un plazo de 10 días hábiles, identifique a los principales donantes y detalle los montos y fechas de los aportes.

El requerimiento se fundamenta en la normativa vigente, que obliga a las fundaciones a informar el origen de donaciones superiores a 40 salarios mínimos vitales y móviles. Según el balance presentado, la Fundación Faro experimentó un crecimiento patrimonial sin precedentes: de $12 millones en 2023, cuando operaba bajo el nombre Fundación Valorar, a $4.394 millones en 2024, tras el cambio de nombre y conducción. Los ingresos declarados bajo el rubro “Donaciones, cursos, talleres y prevención” alcanzaron los $4.957 millones, equivalentes a unos US$4,8 millones al tipo de cambio de diciembre de 2024.

La fundación, que se presenta como plataforma de la "batalla cultural" libertaria, realizó eventos de recaudación en el Yacht Club Puerto Madero, con cubiertos que llegaron a cotizarse en US$25.000. La organización sostiene que todos los aportes son formales, bancarizados y auditados por una firma internacional, aunque hasta el momento no ha revelado la identidad de los donantes, alegando razones de privacidad y seguridad.

El caso se produce en medio de una fuerte interna en el oficialismo, con acusaciones cruzadas entre Karina Milei y Santiago Caputo por el control de fondos y espacios de poder. Analistas y medios señalan que la investigación de la IGJ podría tener motivaciones políticas, además de la búsqueda de transparencia institucional. La Fundación Faro, por su parte, niega cualquier irregularidad y asegura que cumple con todos los requisitos legales.

La resolución de este caso podría tener implicancias significativas para el financiamiento político y la relación entre el gobierno y el sector empresarial, en un contexto de creciente escrutinio sobre la transparencia y el uso de fondos en la política argentina.