Una ola de amenazas de tiroteos en escuelas argentinas ha generado alarma y preocupación en la sociedad, especialmente tras la detención de un adolescente de 16 años en San Miguel, provincia de Buenos Aires. El joven fue identificado por la policía luego de que publicara en redes sociales imágenes en las que exhibía una réplica de arma de fuego y mensajes intimidatorios dirigidos a sus compañeros, como “Nos vemos mañana”.

La investigación se inició a partir de una denuncia anónima al 911, que alertó sobre los mensajes publicados en Instagram y WhatsApp. Tras rastrear los perfiles y cotejar la información con el Consejo Escolar de San Miguel, las autoridades confirmaron que se trataba de un alumno de quinto año de la Escuela Secundaria N°7 “Domingo Faustino Sarmiento”. El juez Marcelo Kohan, del Juzgado de Garantías del Joven N°1 de San Martín, autorizó el allanamiento en el domicilio del menor, donde la policía secuestró una pistola de gas comprimido, siete teléfonos celulares, una notebook y una munición percutada.

El caso fue caratulado como “intimidación pública” y está a cargo de la fiscalía de menores. Por el momento, no se adoptaron medidas restrictivas sobre el adolescente ni su familia, aunque se reforzó la seguridad en los establecimientos educativos involucrados. Las autoridades subrayaron que este tipo de amenazas no son bromas y que constituyen delitos graves.

Este episodio se suma a una seguidilla de amenazas similares en escuelas de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tucumán y otras provincias, donde se han reportado pintadas, mensajes en redes sociales y detenciones de adolescentes. En Mendoza, por ejemplo, se registraron más de 50 denuncias en pocos días, y en Córdoba ya son ocho los adolescentes imputados por amenazas agravadas.

La comunidad educativa y las autoridades insisten en la importancia de denunciar cualquier amenaza y en la necesidad de actuar preventivamente para proteger a los estudiantes y garantizar la continuidad del ciclo escolar. En algunos distritos, la justicia ha dispuesto que los padres de alumnos que realicen amenazas deban afrontar los costos de los operativos policiales. El fenómeno, que en algunos casos se vincula a retos virales en redes sociales, ha puesto en alerta a todo el sistema educativo argentino y plantea el desafío de reforzar la seguridad y la concientización en las escuelas.