El proceso judicial contra Cristian "Pity" Álvarez, exlíder de Viejas Locas, por el homicidio de Cristian Díaz en 2018, podría reanudarse tras años de suspensión debido a la salud mental del acusado. En las últimas horas, el fiscal Sandro Abraldes solicitó al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 que se fije una fecha para el inicio del juicio oral, argumentando que Álvarez se encuentra en condiciones de afrontar las audiencias.

La causa, que investiga el asesinato ocurrido el 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano, había sido suspendida en 2021 y nuevamente en 2023, luego de que peritos determinaran que el músico no estaba en condiciones psíquicas de enfrentar el proceso. Sin embargo, recientes informes médicos y pericias del Cuerpo Médico Forense concluyeron que Álvarez dispone de la capacidad cognitiva necesaria para comprender las imputaciones y participar en su defensa técnica.

El fiscal Abraldes fundamentó su pedido en la evolución positiva de la salud mental del imputado, así como en sus recientes apariciones públicas, especialmente el recital de diciembre de 2025 en Córdoba, donde Álvarez se presentó ante 35.000 personas durante tres horas. "Se observa a una persona evidentemente orientada en tiempo y espacio, con conciencia de situación y con evidente dominio de su capacidad de atención y concentración", señaló el fiscal, quien propuso que las audiencias no superen la duración de sus shows.

Por su parte, la defensa de Álvarez sostiene que persisten dudas sobre su estabilidad cognitiva y solicitó una evaluación neuropsicológica profunda, petición que la fiscalía considera una estrategia para dilatar el proceso. "El Kempes de final de año ya no es un hecho aislado. Queda expuesta la capacidad sostenida de planificación, ejecución y reiteración de actividades complejas", argumentó Abraldes.

La querella, que representa a la familia de la víctima, también ha manifestado reiteradamente la necesidad de que el caso avance hacia una sentencia. El tribunal deberá ahora evaluar los informes médicos y decidir si fija fecha para el juicio oral, en un caso que ha generado amplio interés público y debate sobre la salud mental y la responsabilidad penal.