La Justicia Federal elevó a juicio oral la causa contra siete personas acusadas de integrar una organización criminal que extorsionaba a hombres contactados a través de aplicaciones de citas y que habría instigado el suicidio del soldado Rodrigo Gómez en la Quinta de Olivos. El requerimiento fue presentado por el fiscal federal Federico Iuspa ante la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien procesó a los imputados por asociación ilícita, extorsión e instigación al suicidio.

Según la investigación, la banda estaba liderada por dos presos alojados en la Unidad 36 de Magdalena, quienes, junto a otro interno y cuatro mujeres que operaban desde el exterior, creaban perfiles falsos en apps de citas como Evermatch. Tras captar a las víctimas, trasladaban la conversación a WhatsApp, donde una supuesta madre afirmaba que la joven era menor de edad y amenazaba con realizar una denuncia penal. Luego, un falso policía exigía transferencias de dinero para evitar la supuesta denuncia.

El caso más grave fue el del soldado Rodrigo Gómez, de 21 años, quien transfirió $1.413.000 a cuentas vinculadas con la organización antes de suicidarse en diciembre de 2025, mientras cumplía funciones de custodia en la residencia presidencial. Gómez dejó una carta explicando los motivos de su decisión, lo que permitió a la fiscalía reconstruir el mecanismo de extorsión.

La investigación identificó al menos tres víctimas y transferencias por más de $1.500.000. El 9 de febrero, tras una serie de allanamientos en cárceles y domicilios del conurbano bonaerense, los siete acusados fueron detenidos y permanecen procesados con prisión preventiva. La jueza rechazó los pedidos de excarcelación por la gravedad de los hechos y el riesgo procesal.

El fiscal Iuspa subrayó la peligrosidad y el alto grado de organización de la banda, que operaba desde la cárcel y utilizaba identidades policiales reales para concretar las extorsiones. El caso ha reavivado el debate sobre el control de dispositivos en cárceles y la necesidad de reforzar la protección de potenciales víctimas de extorsión digital. Se espera que el juicio oral aporte mayor claridad sobre la magnitud de la organización y sus posibles conexiones con otros hechos similares.