San Miguel de Tucumán ha dado un paso significativo en la democratización de su gestión pública con la implementación, por primera vez, del Presupuesto Participativo. Este mecanismo, consolidado durante 2025 y aprobado formalmente por el Concejo Deliberante en 2026, permitió que los vecinos de los 20 distritos de la ciudad decidieran el destino del 2,5% de los fondos municipales, eligiendo 19 proyectos que serán ejecutados en los próximos meses.

La iniciativa, inspirada en experiencias internacionales como la de Porto Alegre, Brasil, busca fortalecer la participación ciudadana y reducir las desigualdades en la distribución de recursos. El proceso incluyó asambleas barriales, debates abiertos y votaciones en las que pudieron participar todos los residentes mayores de 16 años. Las propuestas seleccionadas, tras un riguroso análisis técnico y financiero, priorizan la recuperación de espacios públicos, la construcción de infraestructura deportiva y la ampliación de centros comunitarios y de salud.

"Fue la primera vez en la historia que esto tiene lugar en nuestra ciudad. Significa que la participación ciudadana de manera real, de manera más concreta, se hizo posible", afirmó la secretaria de Gobierno, Camila Giuliano. Por su parte, el secretario General, Rodrigo Gomez Tortosa, destacó: "Gracias a esta herramienta, las prioridades de la comunidad se traducen directamente en transformaciones reales en los barrios".

La transparencia del proceso se garantizó mediante la publicación de todos los proyectos y resultados en el sitio oficial del programa, permitiendo el seguimiento ciudadano. Además, la gestión municipal enfatizó la descentralización de servicios y la digitalización de los reclamos, facilitando el acceso de los vecinos a soluciones cotidianas.

El contexto económico y político nacional, marcado por la reducción de fondos para obras públicas, obligó al municipio a financiar las iniciativas con recursos propios. Las autoridades locales subrayan que este modelo de gestión, basado en la cercanía y el diálogo con la comunidad, representa un cambio respecto a prácticas clientelares del pasado.

La implementación del Presupuesto Participativo se integra al Plan Rector 2030, que busca un desarrollo urbano ordenado y sostenible. Funcionarios y vecinos coinciden en que este avance sienta las bases para una ciudad más igualitaria y resiliente, y esperan que la política participativa se consolide y expanda en los próximos años.