La Justicia civil de Mendoza dictó una sentencia histórica al condenar al Arzobispado de Mendoza y a dos monjes del monasterio Cristo Orante a pagar una indemnización de $18.592.000 por daños y perjuicios derivados de abusos sexuales, manipulación espiritual y vulneración de derechos denunciados por un exaspirante a monje. El fallo, emitido por el juez Fernando Games, destaca la responsabilidad institucional de la Iglesia y rechaza los argumentos de prescripción y falta de legitimación presentados por la defensa.

Según la resolución, los hechos ocurrieron entre 2009 y 2015, cuando la víctima, Nicolás Bustos, residía en el monasterio y tenía apenas 17 años al inicio de los abusos. El tribunal determinó que existió una marcada asimetría de poder, donde el consentimiento estaba viciado por temor reverencial y manipulación de conciencia ejercida por los monjes Diego Roque Moreno y Oscar Portillo. Las pericias psicológicas y psiquiátricas confirmaron que la víctima sufrió secuelas persistentes, incluyendo estrés postraumático, dificultades para establecer vínculos afectivos y la pérdida de su proyecto de vida religiosa.

El fallo también responsabiliza al Arzobispado de Mendoza por su falta de vigilancia y por mantener las actuaciones internas bajo secreto, lo que impidió una respuesta adecuada ante las denuncias. La sentencia subraya que la autonomía religiosa no exime a las instituciones de responder ante la justicia civil cuando se vulneran derechos fundamentales.

En el ámbito penal, la causa sigue abierta tras la anulación del sobreseimiento de los monjes, lo que podría derivar en nuevas imputaciones. El caso ha sido considerado un precedente relevante en la lucha contra los abusos en instituciones religiosas y ha sido celebrado por organizaciones de derechos humanos y víctimas.

El monasterio Cristo Orante, ubicado en Tupungato, era conocido por su vida monástica y su atractivo turístico. La denuncia formal se realizó en 2018, años después de los hechos, debido al impacto traumático sufrido por la víctima. El fallo podría influir en futuras demandas similares y refuerza la importancia de la rendición de cuentas institucional en casos de abuso.