El Gobierno de San Luis detectó entre un 40% y un 50% de irregularidades en los sorteos de viviendas sociales del plan "Tenemos Futuro", lo que llevó a la suspensión definitiva de numerosos grupos familiares que no cumplieron con los requisitos establecidos. Las inconsistencias detectadas incluyen la posesión previa de propiedades, haber sido beneficiario de viviendas sociales en el pasado, incumplimiento del requisito de residencia mínima en la provincia y la presentación de documentación falsa o incompleta.

Ante este escenario, las autoridades provinciales anunciaron el relanzamiento del proceso de adjudicación, con nuevos sorteos programados para el 4 y 5 de junio. El jueves se sortearán 300 viviendas en la ciudad de San Luis y en otras localidades del interior, mientras que el viernes será el turno de Villa Mercedes, donde se adjudicarán otras 300 viviendas. "Hay situaciones que no pueden ser subsanadas, por lo que esos grupos familiares quedan suspendidos de manera definitiva", explicó el secretario de Política Habitacional, Juan Pablo Torres.

El director de la Caja Social, Héctor Mazzina, precisó que el sorteo del jueves incluirá a nueve localidades, entre ellas San Luis, La Toma, Naschel y Juana Koslay, con cupos diferenciados según la cantidad de familias habilitadas. Además, cada grupo familiar cuenta con un número de sorteo único, que debe ser consultado a través de los canales oficiales. El proceso será fiscalizado por organismos provinciales para garantizar la transparencia.

Como medida preventiva, el Gobierno decidió sortear el doble de los cupos necesarios, con el objetivo de asegurar la cobertura de las viviendas disponibles una vez finalizada la validación de datos. Desde el lanzamiento del plan, se sortearon más de mil viviendas, pero una parte significativa de esas adjudicaciones iniciales fue anulada tras la revisión documental.

El plan habitacional "Tenemos Futuro" contempla la construcción de más de 1.100 viviendas en 53 localidades, con impacto en la generación de empleo y el desarrollo económico local. El nuevo proceso de adjudicación busca reordenar el sistema tras las irregularidades detectadas, en un contexto de alta demanda habitacional y expectativas por parte de las familias inscriptas. Las autoridades provinciales remarcan la importancia de la transparencia y la fiscalización para garantizar la equidad en la asignación de viviendas.