El empresario Pablo Otero, propietario de Tabacalera Sarandí y conocido como el "Señor del Tabaco", se encuentra en el centro de una serie de investigaciones judiciales que han puesto en jaque a la industria tabacalera argentina. Tras años de litigios y medidas cautelares que le permitieron operar sin abonar la mayor parte de los impuestos al tabaco, la Corte Suprema de Justicia resolvió en 2023 que Otero debía pagar al Estado cerca de 1000 millones de dólares por tributos no abonados desde 2018. Según un informe de la consultora Abeceb, la evasión fiscal atribuida a Otero y otras pymes tabacaleras habría generado una pérdida acumulada de 5823 millones de dólares para el fisco entre 2018 y 2023.

El crecimiento de Tabacalera Sarandí fue vertiginoso: en pocos años, la empresa pasó de controlar el 5,6% al 38,4% del mercado argentino de cigarrillos. Otero justificó el éxito de su compañía en la crisis económica, que habría llevado a los consumidores a optar por marcas más económicas. Sin embargo, tanto el gobierno como organismos fiscales sostienen que la ventaja de precio se debió principalmente a la evasión impositiva.

El caso adquirió mayor notoriedad cuando el presidente Javier Milei denunció públicamente la existencia de lobbies y maniobras judiciales que habrían favorecido a Otero, aunque evitó dar nombres concretos. Paralelamente, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y la Agencia Federal de Ingresos Públicos (ARCA) denunciaron a Otero por presunto lavado de dinero y uso de facturas apócrifas. No obstante, la Cámara Federal y la Cámara de Casación archivaron la causa por falta de pruebas y apartaron a la ARCA como querellante, decisión que fue apelada y podría llegar nuevamente a la Corte Suprema.

En Mar del Plata, otra causa por falsificación de estampillas sigue sin avances significativos. El caso de Otero ha reavivado el debate sobre la equidad fiscal, la influencia de los lobbies empresariales y la eficacia del sistema judicial argentino. Además, la falta de ratificación legislativa del Convenio Marco para el Control del Tabaco y el reciente retiro de Argentina de la Organización Mundial de la Salud complican aún más el panorama regulatorio y de salud pública en el país.

El desenlace de las causas judiciales contra Otero podría sentar un precedente clave para la industria y la política fiscal argentina.