El Hospital Garrahan, principal centro pediátrico de alta complejidad de Argentina, mantiene un fuerte reclamo contra el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), la obra social de la provincia de Buenos Aires, por una deuda que, según la institución, supera los $8.278 millones. La controversia se intensificó luego de que el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, aseguraran públicamente que la provincia ya había saldado su compromiso con un pago de $1.230 millones, negando la existencia de obligaciones impagas.

En una carta formal enviada a IOMA, el Garrahan desmintió los argumentos provinciales y detalló que la deuda corresponde a servicios prestados desde 2017 a 44.447 afiliados bonaerenses. "El gobernador Axel Kicillof miente: la deuda con el Hospital Garrahan es de más de $8.278 millones", sostiene el comunicado firmado por la presidenta del Consejo de Administración, Mariel Sánchez. El hospital afirma que los pagos realizados por la provincia son parciales y se imputan primero a intereses, no al capital adeudado, y que la deuda crece diariamente con cada paciente atendido.

Por su parte, IOMA sostiene que el 85% de lo reclamado carece de respaldo documental, técnico o normativo, y que parte de la deuda no está formalmente facturada. "Nuestra única finalidad es firmar un convenio nuevo con el Garrahan, ordenar la situación y, si hay que corregir algún débito, se corregirá", declaró Homero Giles, presidente de IOMA, quien propuso una auditoría conjunta para revisar la documentación.

El conflicto afecta la provisión de prótesis y medicamentos para 814 niños en espera de operaciones y pone en riesgo la operatividad del hospital, que atiende a más de 600.000 pacientes por año, en su mayoría de bajos recursos. El Garrahan acusa a la provincia de buscar privilegios económicos y de no cubrir gastos esenciales como el acompañamiento de padres y medicamentos de alto costo.

La controversia se da en un contexto de tensiones políticas entre el gobierno nacional y el provincial, con acusaciones cruzadas de falta de transparencia y responsabilidad. Mientras tanto, la continuidad de la atención a miles de niños bonaerenses depende de la resolución de este conflicto financiero y administrativo.