El pasado 3 de junio, cinco mujeres detenidas en la Unidad Penal 51 de Magdalena, provincia de Buenos Aires, fueron víctimas de torturas y, al menos dos de ellas, de abuso sexual por parte de personal penitenciario masculino. Los hechos, que ocurrieron tras una pelea interna en el penal, fueron denunciados por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quienes entrevistaron a las víctimas y presentaron pruebas ante la justicia.

Según los testimonios recabados, las detenidas sufrieron golpizas, aplicación de gas pimienta, torturas como el "submarino húmedo", abuso sexual y amenazas. Una de las víctimas relató que fue obligada a besar las botas de la jefa del penal, Daiana Balmaceda, y que, al negarse, fue golpeada y abusada sexualmente por varios agentes. Otra detenida fue atada, golpeada y arrojada sobre un colchón impregnado de gas pimienta, lo que le dificultó respirar. Además, se reportaron traslados forzados, destrucción de pertenencias y falta de atención médica y psicológica. Una de las mujeres intentó suicidarse tras los hechos.

El fiscal Álvaro Garganta, a cargo de la investigación, consideró creíbles los testimonios y avanza en la toma de declaraciones. El Ministerio de Justicia bonaerense, encabezado por Juan Martín Mena, apartó preventivamente a los agentes involucrados y removió a la cúpula del penal, iniciando sumarios administrativos para determinar responsabilidades. Sin embargo, el juez Juan Pablo Masi rechazó la participación de la CPM como querellante institucional, argumentando que la presentación fue prematura.

El caso se conoció en el contexto de movilizaciones por el aniversario de "Ni Una Menos" y tras el femicidio de Agostina Vega, lo que incrementó la sensibilidad social sobre la violencia institucional y de género. Organismos de derechos humanos advierten sobre un retroceso en la prevención de la tortura en cárceles argentinas y exigen sanciones ejemplares, así como reformas estructurales para evitar la repetición de estos hechos. Las víctimas y sus familias, por su parte, temen represalias y reclaman protección y reparación. El caso sigue bajo investigación y ha reavivado el debate sobre las condiciones de detención y la violencia institucional en el país.