El Tribunal Oral Federal de San Juan se prepara para dictar sentencia en un caso que ha puesto en el centro del debate la explotación sexual en entornos digitales. El fiscal federal Fernando Alcaraz y la auxiliar fiscal Virginia Rodríguez solicitaron una condena de 12 años de prisión para el abogado Gustavo Antonio de la Fuente y el ciudadano colombiano John Sebastián Quevedo Medina, acusados de liderar una organización que explotó sexualmente a al menos 37 mujeres entre marzo de 2022 y julio de 2024.

Según la acusación, los imputados captaban a las víctimas mediante falsas ofertas laborales de modelaje para la firma “Belle Argentina”, utilizando redes sociales, tarjetas promocionales y un sistema de referidos. Una vez incorporadas, las mujeres eran obligadas a producir y transmitir contenido sexual en vivo durante largas jornadas, cediendo los derechos de sus imágenes y videos, que luego eran comercializados en plataformas internacionales como Stripchat, Chaturbate y otras. Los pagos a las víctimas eran reducidos mediante descuentos arbitrarios y los acusados retenían al menos el 50% de las ganancias, utilizando sistemas de tokens y criptomonedas para las transacciones.

La fiscalía destacó que la organización aprovechaba la situación de vulnerabilidad de las mujeres, prometiéndoles ingresos en moneda extranjera y autonomía económica que nunca se concretaban. Además, se utilizaban dispositivos sexuales interactivos controlados a distancia por los usuarios, lo que, según la acusación, representaba una nueva dimensión de la explotación.

El Ministerio Público Fiscal solicitó, además de la pena de prisión, el decomiso de seis inmuebles y tres vehículos, así como una reparación integral para las víctimas por más de 1.152 millones de pesos. También se pidió la eliminación inmediata de todo el contenido producido y la difusión de mensajes de prevención en las plataformas involucradas.

La investigación, iniciada en 2022 tras una denuncia anónima, fue llevada adelante por la Gendarmería Nacional y la fiscalía federal, y se considera un caso testigo sobre cómo la trata de personas ha migrado a entornos digitales. El juicio, que comenzó el 21 de mayo, concluirá el 2 de julio con la lectura del veredicto. Ambos imputados permanecen en prisión domiciliaria mientras se espera la decisión judicial, que podría sentar un precedente en la lucha contra la explotación sexual digital en Argentina.