Violencia de Estado y "perdón" a los genocidas: la impunidad avanza
- Samuel Tobares (34) murió tras ser golpeado por policías en Córdoba. - Familia y organizaciones denuncian crimen de odio y violencia institucional. - Aumentan los crímenes de odio LGBT+ y la participación policial en Argentina. #JusticiaPorSamuel

Samuel Tobares, un joven de 34 años, falleció el 23 de noviembre de 2025 tras ser brutalmente golpeado por policías en Villa Parque Síquiman, Córdoba, cuando regresaba de su trabajo en un hotel de Villa Carlos Paz. Según testigos, Tobares fue interceptado por una patrulla policial, insultado con expresiones homofóbicas y agredido físicamente durante al menos 15 minutos. Los agentes permanecieron sentados sobre su cuerpo hasta que se desvaneció, y posteriormente fue trasladado al hospital, donde se constató su muerte.
La familia de Tobares recibió inicialmente la versión policial de que Samuel había sufrido una "descompensación" durante un control, pero testimonios de vecinos y la autopsia confirmaron que la causa de muerte fueron los golpes recibidos. Dos policías, el sargento Guillermo Serafín Arce y el oficial Franco Sebastián Romero, fueron detenidos e imputados por homicidio preterintencional, aunque la familia y organizaciones sociales reclaman que la carátula sea agravada a homicidio calificado.
El caso de Samuel se suma a otros recientes en los que personas LGBT+ murieron en circunstancias similares en manos de fuerzas de seguridad, como Fernanda Arias en Salta y Treinti en Buenos Aires. Según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, en el primer semestre de 2025 se registró un aumento del 70% en estos crímenes, con una participación policial en más de la mitad de los casos.
Organizaciones de derechos humanos y colectivos LGBT+ han convocado marchas y manifestaciones para exigir justicia y denunciar el incremento de la violencia institucional. Activistas y familiares sostienen que el clima de hostilidad y los discursos oficiales que deslegitiman derechos de la comunidad LGBT+ contribuyen a este aumento de la violencia. El caso ha generado pedidos de reunión con autoridades provinciales y renovó el debate sobre la violencia institucional y la protección de los derechos humanos en Argentina.
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