El gobierno argentino ha enviado al Congreso el proyecto de ley conocido como "Súper RIGI", un régimen de incentivos para grandes inversiones en sectores considerados estratégicos y de frontera, como inteligencia artificial, litio, hidrógeno verde, biotecnología y energías renovables. La iniciativa propone amplias exenciones fiscales, reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15%, contribuciones patronales al 10% y estabilidad regulatoria y cambiaria por 30 años para los proyectos que se acojan al régimen.

Según datos oficiales y estimaciones de consultoras privadas, el costo fiscal de estos beneficios podría alcanzar hasta 1,27% del PBI, lo que equivale a unos USD 8.600 millones anuales si se concretan las inversiones proyectadas. El régimen original, RIGI, ya ha aprobado 15 proyectos por un total de USD 27.210 millones, con un gasto tributario anual de USD 1.837 millones. Sin embargo, el ingreso efectivo de divisas ha sido limitado y la creación de empleo no ha compensado la destrucción de puestos de trabajo en otros sectores.

El proyecto ha generado un intenso debate. El gobierno sostiene que sin incentivos de este tipo, la mayoría de las inversiones no se radicarían en el país, y que la estabilidad a largo plazo es clave para atraer capitales en sectores de alto riesgo y volatilidad. Por el contrario, la oposición y especialistas advierten que los beneficios se otorgan a sectores que ya eran rentables y que las inversiones podrían haberse realizado sin exenciones tan generosas. Además, critican la falta de exigencias de integración nacional, desarrollo de proveedores locales o inversión en investigación y desarrollo.

El sector industrial ha manifestado su preocupación por la ausencia de políticas que aseguren el derrame de las inversiones en la economía real y el entramado productivo local. "Estás cediendo demasiado, la guita que entra tiene que, al menos, consumir algo localmente. Pero entra y se va", expresó un industrial textil citado por Perfil. Consultoras como Paspartú y Audemus remarcan que el régimen no contiene políticas de fomento a I+D ni de empleo calificado, y que la experiencia regional muestra que los incentivos fiscales por sí solos no garantizan la radicación de industrias de frontera.

Mientras tanto, la economía argentina enfrenta una caída sostenida del empleo formal en la industria y los servicios, y la inversión extranjera directa sigue rezagada respecto a otros países de la región. El debate sobre el Súper RIGI continúa en el Congreso, con posturas encontradas sobre su potencial para transformar la matriz productiva del país y su impacto en las cuentas públicas.