La muerte de Ángel López, un niño de cuatro años en Comodoro Rivadavia, ha generado conmoción y debate en la sociedad argentina. El menor falleció tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en la vivienda de su madre, Mariela Altamirano, quien junto a su pareja es considerada principal sospechosa en la investigación por posible homicidio.

Según informaron los fiscales Facundo Oribones y Cristian Olazábal, la autopsia preliminar reveló traumatismos recientes en la zona craneal de Ángel, con una antigüedad de hasta diez días. Sin embargo, aún no se han formulado imputaciones formales, ya que se esperan los resultados de estudios histopatológicos para determinar si las lesiones fueron la causa directa del deceso. "Estamos tratando de dilucidar si se trata de una acción voluntaria o involuntaria", explicó Oribones en conferencia de prensa.

La madre del niño, en declaraciones a medios locales, negó cualquier tipo de maltrato y relató que el menor se descompensó mientras dormía. "Yo no maté a mi hijo. Nosotros no le pegamos", afirmó Altamirano, quien también denunció amenazas y falta de ayuda por parte de los vecinos. Su pareja, Maicol González, criticó la actuación del sistema de emergencias y sostuvo que la policía fue la única que realizó maniobras de RCP.

El padre biológico de Ángel, Luis López, denunció públicamente irregularidades en el proceso de tenencia y responsabilizó a la madre por la muerte del niño. "Mi hijo no era un chico enfermo. Estaba en buena salud. ¿Cómo va a morir? ¿Me van a decir que es una muerte natural? Lo mataron", expresó.

El caso está atravesado por un complejo entramado de denuncias cruzadas y conflictos familiares. Los padrinos del menor relataron antecedentes de vulnerabilidad y disputas por la custodia, mientras que la justicia de familia había otorgado recientemente la tenencia a la madre tras un proceso de revinculación.

Las autoridades mantienen bajo vigilancia a la madre y su pareja, y han secuestrado sus teléfonos para peritaje. Los fiscales insisten en que no hay pruebas concluyentes y mantienen abiertas todas las líneas de investigación. El caso ha reavivado el debate sobre las decisiones judiciales en materia de tenencia infantil y la protección de menores en situaciones de vulnerabilidad.