Una avioneta incautada en una causa por narcotráfico en Santa Fe será destinada a la formación de estudiantes en Río Gallegos, Santa Cruz, en un hecho que combina justicia, educación y reutilización de bienes incautados. La aeronave, un Cessna 206 con matrícula boliviana adulterada, fue hallada abandonada en noviembre de 2025 en un campo de Curupaytí, departamento San Cristóbal, tras un aterrizaje clandestino presuntamente motivado por fallas mecánicas o falta de combustible.

El hallazgo se produjo cuando un trabajador rural alertó a las autoridades sobre la presencia del avión cerca de la ruta nacional 34. Las pericias realizadas por la Policía y Gendarmería confirmaron la presencia de rastros de cocaína y éxtasis en la cabina, reforzando la hipótesis de su uso para el transporte de estupefacientes. La investigación, a cargo de la Justicia Federal de Rafaela, determinó que la aeronave sería cedida a la Escuela Industrial N° 6 “X Brigada Aérea” de Río Gallegos, una institución que dicta tecnicatura aeronáutica pero carecía de aviones propios para prácticas.

La decisión judicial se enmarca en una política que busca reconvertir bienes vinculados al delito en recursos para la comunidad. El gobierno de Santa Cruz confirmó que asumirá los costos logísticos del traslado, desactivando una colecta solidaria impulsada inicialmente por los estudiantes. “Nunca hubo necesidad de colecta”, aclaró Sandra Ortiz, directora provincial de Educación Técnica, al anunciar que el Estado provincial financiará el operativo.

La aeronave será recibida en carácter de depositario judicial, y su llegada permitirá a los alumnos realizar prácticas sobre una estructura real, mejorando su formación profesional. El caso representa el sexto episodio de aterrizajes clandestinos en Santa Fe durante 2025, y la investigación continúa para determinar el origen y recorrido exacto del avión, que contaba con una antena de Starlink en lugar de GPS convencional.

La comunidad educativa celebró la medida, destacando el impacto positivo en la formación técnica de los estudiantes. El uso de bienes incautados para fines educativos es una tendencia creciente en Argentina, y este caso podría sentar precedente para futuras iniciativas similares.