La licitación para la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay, una de las principales rutas de exportación de Argentina, ha desatado un intenso debate tras la preadjudicación al consorcio Jan De Nul-Servimagnus. La empresa belga DEME, que quedó fuera de la compulsa, solicitó formalmente al gobierno argentino la reconsideración de su oferta, argumentando que podría ofrecer una tarifa 17,4% menor al piso fijado en el pliego, lo que representaría un ahorro de al menos 2.500 millones de dólares para los usuarios a lo largo de 25 años.

En una carta dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, y a diversas autoridades estadounidenses, DEME sostuvo que el piso tarifario impuesto en la licitación impidió la presentación de ofertas más competitivas, incrementando artificialmente los costos para la economía argentina. La empresa, respaldada por inversores y empresas de dragado de Estados Unidos, propuso la apertura de una nueva licitación bajo condiciones más favorables para el interés público.

El proceso licitatorio, sin embargo, fue defendido por el gobierno nacional, que destacó la participación de organismos internacionales como la UNCTAD y la realización de auditorías que, según fuentes oficiales, no recibieron impugnaciones formales. El Ministerio de Economía subrayó que la adjudicación permitirá una reducción del 15% en las tarifas actuales y que la transparencia estuvo garantizada en todas las etapas.

No obstante, medios como Ámbito Financiero han puesto en duda la equidad del proceso, señalando que el piso tarifario y los criterios técnicos favorecieron a Jan De Nul-Servimagnus, y que la competencia real en precios fue nula. Además, se mencionan posibles conflictos de interés y contactos entre funcionarios y empresas participantes, lo que ha motivado la atención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.

La Hidrovía, por donde circula el 80% del comercio exterior argentino, es considerada estratégica para el desarrollo económico del país. La privatización y adjudicación de su operación se inscribe en el marco de las reformas impulsadas por el presidente Javier Milei. Mientras el gobierno avanza con la adjudicación, persisten cuestionamientos sobre la transparencia y la conveniencia económica del proceso, así como el impacto en la relación bilateral con Estados Unidos y en la competitividad del sector agroexportador.