Después de más de once años de proceso judicial, el empresario argentino Miguel Ángel Ferrucci fue absuelto por el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1 de la Ciudad de Buenos Aires, en la causa que lo acusaba de exportar 380 kilogramos de cocaína a España ocultos en bloques de mármol. El fallo, emitido por los jueces Sabrina Namer, Adriana Pallioti y Nicolás Toselli, consideró verosímil la versión de que Ferrucci pudo haber sido engañado por compradores europeos y no se logró probar su participación en el delito.

El caso se remonta a enero de 2014, cuando un buque partió del puerto de Buenos Aires con bloques de mármol y adoquines, y un mes después, la aduana de Valencia, España, halló la droga oculta en la carga. El destinatario era una empresa de Barcelona, cuyos responsables fueron posteriormente condenados en España por organizar la recepción de la cocaína. Durante el extenso proceso judicial en Argentina, Ferrucci fue primero absuelto, luego condenado a casi seis años de prisión y finalmente absuelto nuevamente tras un nuevo debate oral.

La defensa de Ferrucci, encabezada por José Manuel Ubeira, argumentó que se violó el debido proceso al dictar una condena sin audiencia pública y que el empresario fue víctima de una maniobra fraudulenta. El tribunal destacó la falta de pruebas directas, la conducta comercial habitual de Ferrucci y la ausencia de vigilancia especial sobre la mercadería, lo que no se condice con la conducta de alguien involucrado en el tráfico de estupefacientes.

El caso puso en evidencia las dificultades del sistema judicial argentino, como la falta de jueces titulares y la dilación de los procesos, así como la complejidad de investigar delitos de crimen organizado transnacional. La empresa United Stone, propiedad de Ferrucci, también fue inicialmente sancionada, pero la condena fue anulada por violaciones al derecho de defensa.

Al cierre de esta edición, el fiscal general Marcelo Agüero Vera aún no había decidido si apelará la sentencia absolutoria. El caso deja interrogantes sobre la efectividad de la justicia en causas complejas y la necesidad de reformas para evitar procesos excesivamente prolongados.