La ciudad de Mar del Plata se vio sacudida este fin de semana por la denuncia de presunto abandono de animales en el predio del ex Aquarium, cerrado desde el 31 de marzo. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron a delfines y lobos marinos en estanques deteriorados y con agua en mal estado, lo que generó preocupación entre vecinos y organizaciones de protección animal.

Ante la viralización de las imágenes, el intendente Guillermo Montenegro presentó una denuncia formal ante la Fiscalía interviniente del Ministerio Público Fiscal, amparándose en la Ley de Maltrato Animal N° 14.346 y la Ordenanza Municipal 22.031. "En Mar del Plata no hay lugar para el maltrato animal", afirmó Montenegro en sus redes sociales, y anunció la solicitud de una inspección ocular y una pericia técnica urgente para determinar el estado de los animales y establecer responsabilidades legales.

La Fundación Fauna Argentina, encabezada por Juan Antonio Lorenzani, fue una de las principales impulsoras de la denuncia. Lorenzani criticó la falta de respuesta de las autoridades provinciales y municipales, y señaló que "las imágenes hablan por sí solas" sobre el abandono de los animales. Vecinos que ingresaron al predio también manifestaron su preocupación por el estado de los ejemplares, asegurando que "están abandonados, muertos de hambre y con el agua podrida".

El cierre del Aquarium, que funcionó desde 1993 como espacio turístico y educativo, se produjo tras desacuerdos contractuales entre la empresa The Dolphin Company y los propietarios del terreno. La empresa había prometido reubicar a los animales nacidos en cautiverio en otros acuarios y zoológicos, pero la falta de información sobre el destino de los ejemplares generó inquietud.

En paralelo, se destacó la liberación de la tortuga marina "Jorge" tras 40 años en cautiverio, monitoreada por investigadores del Conicet, como un caso exitoso de reinserción en el medio natural. Sin embargo, el futuro de los delfines y lobos marinos permanece incierto, mientras la justicia y las autoridades locales avanzan en la investigación para garantizar su bienestar y determinar posibles sanciones a los responsables.