El árbol de Navidad instalado en la Peatonal Sarmiento, en pleno centro de Mendoza, fue incendiado de manera intencional durante la noche del viernes, en el marco de una marcha antiminera. El hecho, que generó conmoción en la ciudad, fue rápidamente esclarecido por las autoridades, quienes lograron identificar y detener a uno de los responsables en menos de 24 horas.

Según la reconstrucción de los hechos, al menos dos personas participaron en el ataque. Una mujer habría iniciado el fuego arrojando un objeto encendido a una botella con acelerante previamente colocada bajo el árbol, mientras que un hombre, identificado como Gonzalo Emmanuel Vídela Castro, lanzó una segunda botella con combustible para avivar las llamas. Las cámaras de seguridad del Centro Estratégico de Operaciones, junto con imágenes privadas y testimonios de testigos, permitieron a la fiscalía avanzar con rapidez en la investigación.

El Ministerio Público Fiscal informó que Vídela Castro, de 33 años, fue detenido y será imputado por el delito de incendio doloso, que contempla penas de entre 3 y 10 años de prisión. La causa quedó a cargo de la fiscal Mónica Fernández Poblet, quien continuará con el proceso judicial para determinar si hubo más personas involucradas.

El intendente de Mendoza, Ulpiano Suarez, y la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, condenaron enérgicamente el hecho. "Estos episodios no tienen nada que ver con el derecho a manifestarse", afirmó Rus, diferenciando la protesta legítima de los actos de violencia. Suarez, por su parte, subrayó que "en Mendoza, el orden y la convivencia no se negocian" y prometió que los responsables enfrentarán las consecuencias legales correspondientes.

El incendio se produjo en una zona emblemática y de alta circulación peatonal, lo que aumentó la preocupación por la seguridad ciudadana. La rápida intervención de los transeúntes evitó que el fuego se propagara y causara daños mayores o heridos.

Este episodio se suma a otros actos de vandalismo registrados en el contexto de protestas antimineras en Mendoza, donde la actividad minera sigue siendo motivo de debate y controversia social. Las autoridades insisten en la importancia de respetar los bienes públicos y el derecho a la convivencia pacífica, mientras la investigación continúa para esclarecer todos los detalles del ataque y determinar posibles responsabilidades adicionales.