La Justicia Federal de Formosa ordenó la restitución inmediata de más de 16.000 pensiones no contributivas por invalidez laboral, que habían sido suspendidas tras auditorías realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La medida, oficializada mediante la Resolución 12504/2025 y publicada en el Boletín Oficial, responde a una acción de amparo presentada por la Defensoría del Pueblo de la provincia y organizaciones civiles, y fue ratificada por la Cámara Federal de Resistencia.

El pago de las pensiones se reanudó este martes, beneficiando a miles de personas que habían visto interrumpidos sus haberes desde julio. Patricia Arias, titular local de ANSES, confirmó que el cronograma de pagos comenzó para los DNI terminados en 0, 1, 2 y 3, y continuará hasta completar todos los números. "Quienes no presentaron la documentación tienen menos de dos meses para regularizar su situación, ya que el plazo comenzó a correr el 18 de agosto", explicó Arias. Los beneficiarios deben acercarse a las oficinas de ANSES o ANDIS con historia clínica, carta de suspensión y una nota explicativa. En caso de no saber escribir, el trámite puede ser realizado por un familiar o apoderado.

El monto mensual de la pensión ronda los $267.000 por beneficiario, lo que implica un impacto económico superior a $4.000 millones para la provincia. "Estas suspensiones no solo afectaron a los beneficiarios, sino también al almacén del barrio y a toda la economía local", subrayó Arias.

La resolución judicial instruyó al Estado nacional y a ANDIS a restituir los haberes en un plazo de 24 horas y otorgó 90 días hábiles para que los titulares regularicen su situación administrativa. El interventor de ANDIS, Alejandro Vilches, firmó la resolución que instruye a la Dirección de Asignación de Apoyos Económicos y Liquidación a notificar a los beneficiarios y a ANSES para la reactivación de los pagos.

El fallo judicial se centró en la falta de notificaciones adecuadas durante las auditorías, calificando de "infructuosas" las citaciones enviadas por el organismo. La Justicia evitó pronunciarse sobre el fondo de los requisitos para acceder a la pensión, pero garantizó la continuidad de los pagos mientras se realiza la revisión administrativa.

El Gobierno nacional defendió el proceso de auditoría como mecanismo para redirigir recursos de manera más efectiva, aunque acató la decisión judicial. El defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca, celebró la medida como una garantía de derechos para las personas con discapacidad en la provincia.

La restitución de las pensiones representa el 38,6% de quienes percibían el beneficio en 2023 en Formosa y el 6,4% de la población provincial, según datos oficiales. El proceso de revisión continuará durante los próximos tres meses, mientras se evalúa la documentación presentada por los beneficiarios.