El Gobierno argentino ha intensificado su control sobre las importaciones de productos chinos, en un contexto de creciente tensión con la industria local. En una reciente resolución, la Subsecretaría de Defensa del Consumidor impuso una multa de $150 millones a una importadora de heladeras chinas modelo Neba H300, tras comprobarse que el producto incumplía normas técnicas esenciales. La medida incluye el retiro del producto del mercado y la obligación de publicar la sanción, marcando un precedente en la política de apertura comercial del actual gobierno.

La investigación se inició tras una denuncia de la cámara de productores locales, preocupados por la competencia de productos importados a precios bajos. Inspectores retiraron una unidad de una sucursal de Frávega y, tras pruebas en laboratorios, se determinó que la heladera no cumplía con los estándares requeridos. Esta acción fue interpretada como una señal de que, si bien el gobierno de Javier Milei impulsa la apertura comercial, existen límites regulatorios estrictos para quienes no cumplen las reglas.

En paralelo, el Ministerio de Economía abrió un examen para revisar los derechos antidumping aplicados desde 2020 a los hornos eléctricos de uso doméstico provenientes de China. La Comisión Nacional de Comercio Exterior advirtió que la participación de estos productos en el mercado argentino creció del 6% en 2022 al 30% en 2025, mientras la industria local experimentó caídas en ventas, producción y empleo. Los márgenes de dumping estimados superan el 100%, lo que refuerza la necesidad de mantener medidas de defensa comercial mientras se desarrolla la revisión.

Estas decisiones reflejan el delicado equilibrio que busca el gobierno entre la liberalización del comercio y la protección de sectores estratégicos. Mientras algunos empresarios celebran la aplicación de controles, otros advierten sobre el impacto negativo en la producción nacional. El Ejecutivo, por su parte, confía en que la recuperación económica permitirá absorber los desafíos derivados de la competencia externa, aunque reconoce la necesidad de mantener canales de diálogo con todos los actores involucrados.

El debate sobre la apertura comercial y la defensa de la industria local continuará en las próximas semanas, con la expectativa de que nuevas regulaciones y proyectos de ley sean tratados en el Congreso, en un contexto de reacomodamiento político y económico.