Nueve hombres fueron procesados por la Justicia argentina bajo cargos de trata de personas y explotación sexual de al menos 50 mujeres, incluidas dos menores de edad, en un local nocturno del barrio porteño de Recoleta. El establecimiento, conocido como "D’Lirio" y ubicado en Vicente López 2134, operaba bajo la fachada de un bar o boliche, pero en realidad funcionaba como un prostíbulo encubierto, replicando el modelo del famoso Madaho's, clausurado años atrás.

La investigación, impulsada por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12 y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), comenzó tras una denuncia anónima recibida en abril de 2022. Según la causa, las mujeres eran captadas principalmente a través de redes sociales mediante ofertas laborales engañosas bajo el término “presencias”. Una vez reclutadas, eran sometidas a estrictos controles y obligadas a permanecer en el local durante toda la noche, recibiendo pagos bajos y sin porcentaje por las copas vendidas. Los encuentros sexuales, denominados “pases”, se pactaban en el local y se concretaban en hoteles cercanos, con tarifas de entre 150 y 500 dólares, de los cuales los organizadores retenían una parte significativa.

El juez federal Sebastián Casanello dictó el procesamiento de los nueve imputados sin prisión preventiva. Cinco de ellos fueron considerados presuntos coautores del delito de trata agravado por la presencia de menores, mientras que los otros cuatro quedaron como partícipes necesarios. Además, se dispusieron embargos sobre los bienes de los acusados por un total de 7.800 millones de pesos, la inhibición de la empresa responsable del local y la prohibición de salida del país y de acercamiento a las víctimas para todos los imputados.

El análisis financiero reveló movimientos por más de 1.500 millones de pesos en cuentas asociadas a la sociedad comercial Gran Recoleta S.A., utilizada como pantalla legal para encubrir la actividad ilícita. El juez Casanello destacó la continuidad del modelo de explotación sexual, señalando vínculos directos con los operadores del antiguo Madaho's y la persistencia de un esquema empresarial orientado a la trata de personas.

El caso ha generado preocupación sobre la eficacia de las condenas previas y la capacidad de las redes de trata para adaptarse y continuar operando bajo nuevas fachadas. La Justicia dispuso la reparación económica para las víctimas y el decomiso de bienes para su asistencia, subrayando la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y control para erradicar la explotación sexual organizada en la ciudad.