La Cámara Nacional Electoral anuló el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 366/2025, firmado por el presidente Javier Milei, que transfería a la Dirección Nacional de Migraciones la facultad de otorgar la ciudadanía argentina, una competencia históricamente reservada a los jueces federales. La decisión judicial, adoptada por los camaristas Daniel Bejas y Alberto Dalla Vía, consideró que la medida era inconstitucional y que el Poder Ejecutivo no acreditó la existencia de circunstancias excepcionales que justificaran eludir el trámite legislativo ordinario.

El caso que motivó el fallo fue la solicitud de ciudadanía de Liping Yang, un ciudadano chino cuya petición había sido rechazada por Migraciones y luego apelada ante la Justicia. Al revisar el expediente, la Cámara no solo revocó esa resolución, sino que aprovechó para pronunciarse sobre la validez constitucional de las modificaciones introducidas por el DNU en el régimen de ciudadanía.

Según el tribunal, el otorgamiento de la ciudadanía no constituye una cuestión exclusivamente migratoria, sino que está directamente vinculado al ejercicio de los derechos políticos. "Al modificar la atribución de los juzgados para decidir respecto del otorgamiento o no de la ciudadanía argentina, se altera el régimen establecido por el legislador para la adquisición de los derechos políticos", sostuvieron los jueces en su fallo.

La Cámara recordó que la Constitución Nacional establece límites expresos a la utilización de los DNU, en particular en materia electoral. El artículo 99, inciso 3°, impide al Poder Ejecutivo dictar decretos en esta materia, y el tribunal consideró que la supresión por decreto de la competencia judicial para otorgar la ciudadanía encuadra en el supuesto vedado por la Constitución.

El fallo también analizó los argumentos del gobierno, que sostenía que Migraciones era el organismo más adecuado para verificar la pertinencia del otorgamiento de la ciudadanía. Sin embargo, la Cámara concluyó que esos fundamentos respondían a criterios de oportunidad administrativa y no a una verdadera situación de emergencia constitucional.

Finalmente, la Cámara ordenó notificar la sentencia al Ministerio de Seguridad y a todos los jueces federales con competencia electoral, con el objetivo de unificar criterios y evitar decisiones contradictorias. El fallo fue interpretado como una reafirmación de la división de poderes y la supremacía de la Constitución en el proceso de naturalización en Argentina.