La ciudad de Bahía Blanca se encuentra en el centro de una controversia tras la viralización de un video en el que dos jóvenes, identificados como Juan Bautista Bravo e Imanol Santerre, matan a patadas a una nutria en la vía pública. El hecho, ocurrido a principios de junio, generó un repudio generalizado y una ola de indignación en redes sociales, donde usuarios y organizaciones proteccionistas exigieron justicia y sanciones ejemplares para los responsables.

El caso llegó rápidamente al Concejo Deliberante local, donde se debatió un proyecto para declarar "personas no gratas" a los acusados. Sin embargo, la moción no prosperó, ya que solo obtuvo 10 de los 16 votos necesarios. Tras la sesión, 12 concejales que no acompañaron la iniciativa denunciaron haber recibido insultos y amenazas a través de redes sociales. Algunos ediles responsabilizaron a la presidenta del cuerpo, Gisela Caputo, por haber difundido sus nombres y rostros, lo que, según ellos, potenció la violencia digital.

La justicia intervino de oficio y citó a los concejales afectados a declarar en la Comisaría Segunda, mientras que la investigación por maltrato animal avanza bajo la fiscal Marina Lara. Los acusados deberán presentarse a indagatoria la próxima semana y sus teléfonos celulares, secuestrados durante allanamientos en Bahía Blanca y Huanguelén, serán peritados para obtener más pruebas. La causa se tramita bajo la ley de maltrato animal y la ley de preservación de fauna autóctona, lo que podría impedir que los imputados accedan a una suspensión de juicio a prueba.

El municipio de Bahía Blanca se presentó como particular damnificado y emitió un comunicado en el que repudió el hecho, subrayando la necesidad de una respuesta firme del Estado ante la violencia hacia los animales. El episodio también reavivó el debate sobre la exposición pública de funcionarios y la responsabilidad institucional en el manejo de situaciones sensibles.

El caso, que trascendió el ámbito local y llegó a la agenda nacional, puso en evidencia las tensiones sociales y políticas en torno al maltrato animal, la justicia y la gestión pública, y dejó planteadas preguntas sobre el rol de las redes sociales en la escalada de conflictos.