La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) manifestó su respaldo a la iniciativa del Gobierno nacional para avanzar en una reforma laboral, aunque advirtió sobre la necesidad de evitar distorsiones judiciales que puedan afectar la continuidad de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y el empleo. Según la entidad, una actualización normativa podría aportar previsibilidad y reducir los conflictos en el ámbito laboral, pero requiere un debate profundo y un marco legal integral que contemple tanto los problemas actuales como la dinámica productiva futura.

Entre los principales reclamos, CADAM señaló el impacto negativo de la litigiosidad laboral, especialmente en el entramado PyME. "Muchas empresas enfrentan sentencias con montos imposibles de afrontar, lo que compromete su supervivencia y pone en riesgo los puestos de trabajo", advirtieron desde la cámara. En particular, expresaron preocupación por la posibilidad de que se consolide como criterio general la actualización de condenas mediante la combinación de IPC e intereses, un esquema que, según sostienen, multiplica desproporcionadamente los montos y puede derivar en cierres de empresas. Además, recordaron que este mecanismo colisiona con la Ley 23.928, que prohíbe la indexación de sumas de dinero.

Como alternativas, CADAM propuso retomar un sistema de actualización basado en tasas bancarias, promediando tasas activas y pasivas, para lograr valores razonables y previsibles. También sugirieron derogar el artículo 9 de la Ley 14.250, que habilita las "cuotas solidarias" y otros aportes similares, argumentando que estos costos suelen surgir de negociaciones donde muchas empresas no están representadas y carecen de control sobre el destino de los fondos. Asimismo, plantearon que los aportes especiales previstos en convenios colectivos sean estrictamente optativos y que el empleador deje de actuar como agente de retención de cuotas sindicales, trasladando esa responsabilidad al trabajador y la entidad gremial.

En relación con la llamada "industria del juicio", la cámara apoyó la adopción de herramientas que desincentiven reclamos infundados, como la posibilidad de que las costas judiciales sean asumidas solidariamente entre el demandante y su abogado en casos de demandas manifiestamente exageradas. Finalmente, impulsaron cambios en el procedimiento laboral para agilizar los expedientes y habilitar la caducidad de instancia cuando un juicio queda paralizado durante períodos prolongados.

Desde CADAM remarcaron que el objetivo final es avanzar hacia una legislación laboral moderna, clara y equilibrada, que garantice derechos, reduzca conflictos y evite abusos, pero que al mismo tiempo permita que las empresas, en especial las PyMEs, puedan seguir produciendo y sosteniendo empleo.