La legisladora porteña Graciela Ocaña solicitó a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) la intervención de la Obra Social de Choferes de Camiones (OSCHOCA), presidida por Hugo Moyano, por presuntas irregularidades en la administración de fondos y graves deficiencias en la prestación de servicios de salud. El pedido, presentado en abril de 2026, se fundamenta en la ley 23.660 y en una serie de denuncias y antecedentes judiciales que involucran a la familia Moyano y empresas vinculadas a su entorno.

Según la documentación aportada por Ocaña, la obra social, que cuenta con unos 190.000 afiliados, enfrenta una deuda que podría alcanzar los $60.000 millones si se suman las seccionales del interior y la provincia de Buenos Aires. Entre 2017 y 2022, OSCHOCA registró un patrimonio neto negativo de más de $7 millones y resultados operativos deficitarios, lo que, según la legisladora, pone en riesgo la continuidad de las prestaciones médicas.

Ocaña sostiene que los fondos de la obra social fueron desviados hacia empresas como IARAI S.A., administrada por Liliana Zulet, esposa de Moyano, y que en abril de 2026 se habrían transferido $900 millones en apenas 12 días a fideicomisos vinculados a Zulet. La Unidad de Información Financiera (UIF) ya había denunciado en 2013 maniobras de triangulación de dinero por más de $570 millones, mientras que causas judiciales abiertas desde 2006 investigan el presunto desvío de fondos y la administración fraudulenta.

La legisladora argumenta que la situación de OSCHOCA no solo responde a la crisis general de las obras sociales sindicales, afectadas por la inflación y la caída de salarios, sino también a una gestión que habría agravado el déficit mediante decisiones propias y presunta autocontratación familiar. Ocaña reclama que el Estado intervenga para garantizar la correcta administración de los recursos y la adecuada prestación de servicios de salud a los trabajadores.

El caso ha generado reacciones dentro del propio gremio, con dirigentes como Sergio Aladio, de la seccional Santa Fe, que se apartó de la conducción nacional y creó su propia obra social. En lo que va de la gestión de Javier Milei, la SSS ya intervino otras diez obras sociales por irregularidades similares. El debate sobre la transparencia y el control estatal en las obras sociales sindicales vuelve así al centro de la agenda pública, con la cobertura médica de miles de trabajadores en juego.