La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires resolvió suspender de manera preventiva artículos centrales de las ordenanzas que regulan el uso de agroquímicos en los partidos de Tandil y Rauch. La decisión, adoptada como medida cautelar, responde a una demanda presentada por vecinos de la Cuenca del arroyo Chapaleofú, quienes cuestionan la constitucionalidad de las normativas locales y advierten sobre riesgos ambientales y sanitarios.

El fallo, que afecta los artículos 8 de la ordenanza 17.404/21 de Tandil y 18 de la 850/12 de Rauch, establece la suspensión de las distancias y condiciones para la aplicación de agroquímicos cerca de cursos de agua, pozos y áreas sensibles. La Corte fundamentó su decisión en la necesidad de aplicar los principios preventivo y precautorio en materia ambiental, señalando que los límites fijados por los municipios se apartan, en una primera instancia, de las pautas establecidas por la normativa provincial.

Como parte de la resolución, los intendentes de Tandil y Rauch deberán remitir en un plazo de diez días todos los antecedentes administrativos, estudios técnicos y evaluaciones de impacto ambiental que dieron origen a las ordenanzas impugnadas. Mientras tanto, el uso aéreo de agroquímicos quedará regulado por la ley provincial 10.699 y su decreto reglamentario 499/91.

El proceso judicial sigue abierto y la Corte aún debe expedirse sobre la validez constitucional de las restricciones locales. El caso ha reavivado el debate sobre la autonomía municipal frente a la regulación provincial y la protección ambiental, en un contexto de creciente preocupación por el impacto de los fitosanitarios en la salud y el ambiente.

Vecinos y organizaciones ambientalistas celebraron la medida como un avance en la protección de la cuenca y la salud pública, mientras que sectores rurales y productivos expresaron su preocupación por el impacto en la actividad agrícola y la falta de consulta en el proceso. El municipio de Tandil, por su parte, informó que no había sido notificado formalmente al momento de la publicación de la noticia.

La resolución de la Corte bonaerense se inscribe en una tendencia de mayor escrutinio judicial sobre las regulaciones locales de agroquímicos, en medio de demandas sociales por mayores estándares de protección ambiental y sanitaria. El desenlace del caso podría sentar un precedente relevante para otros distritos de la provincia.