El Gobierno argentino ha decidido avanzar con la privatización de 9000 kilómetros de rutas nacionales, introduciendo cambios significativos en los pliegos de licitación para atraer a inversores privados. En esta nueva etapa, se exige que las concesiones incluyan una inversión mínima de 200 millones de dólares, requisito que permitirá a los adjudicatarios acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un esquema impositivo diseñado para fomentar grandes proyectos de infraestructura.

A diferencia de la primera licitación, que incluyó el corredor del Mercosur y contó con financiamiento estatal a través del banco BICE, la nueva fase busca seducir a los inversores con la posibilidad de incorporar sus proyectos al RIGI y con una fórmula de actualización tarifaria que contempla la inflación. El objetivo es brindar mayor certidumbre financiera a los concesionarios, quienes podrán comenzar a cobrar el peaje actualizado —estimado en 4000 pesos por cada 100 kilómetros— una vez finalizadas las obras previstas.

Sin embargo, el Gobierno no ha ofrecido un seguro de riesgo político a los concesionarios. En caso de que la administración pública decida no autorizar la actualización de tarifas, los adjudicatarios podrán cobrar la diferencia de un fondo público, el Fogar, nutrido por el Tesoro. Esta medida busca reducir el riesgo de inversión, aunque persisten dudas en el sector privado sobre la efectividad del mecanismo si el regulador no autoriza los aumentos tarifarios.

El proceso privatizador avanza lentamente, pero se espera que tome mayor velocidad en los próximos días, especialmente en corredores como la ruta 5, que ya tenía un plan de obras definido. Además, se reabre la posibilidad de recurrir a arbitraje en caso de controversias, una práctica habitual en las privatizaciones de los años 90.

Argentina tiene una historia marcada por el congelamiento de tarifas y el incumplimiento de cláusulas contractuales en servicios públicos, lo que genera cautela entre los potenciales inversores. Funcionarios del Gobierno destacan la certidumbre tarifaria y el atractivo del nuevo esquema, mientras que empresarios del sector consideran que, si bien se reducen algunos riesgos, la incertidumbre política sigue siendo un factor relevante. El desarrollo de este proceso será clave para el futuro de la infraestructura vial y la confianza de los inversores en el país.