La tradicional empresa láctea La Suipachense, ubicada en Suipacha, provincia de Buenos Aires, fue declarada en quiebra por el Juzgado Civil y Comercial de Mercedes, poniendo fin a más de 70 años de historia productiva en la región. La resolución judicial, dictada por el juez Leandro Julio Enríquez, ordenó la liquidación total de Lácteos Conosur S.A., titular de la marca, tras constatar el incumplimiento del acuerdo preventivo y la insolvencia de la firma.

La empresa, que llegó a emplear a más de 140 personas y procesaba hasta 250.000 litros diarios de leche, acumuló una deuda postconcursal por cheques rechazados que supera los $8.500 millones, además de pasivos con gremios y proveedores. La planta se encontraba paralizada desde hacía meses, agravando la situación de los trabajadores y consolidando el cuadro de insolvencia. El fallo judicial dispuso la clausura del establecimiento, la intervención de la Sindicatura, la inhabilitación definitiva de los directivos y la prohibición de salida del país para el presidente de la firma, Jorge Luis Borges León. Asimismo, se ordenó el bloqueo de cuentas bancarias y la incautación de bienes para garantizar el proceso de liquidación.

La Sindicatura tendrá la tarea de inventariar activos, verificar créditos y organizar la liquidación para cubrir, en parte, el pasivo acumulado. El proceso de verificación de créditos estará abierto hasta el 10 de febrero de 2026, y se prevé la intervención de la Justicia Penal en caso de detectarse irregularidades en la administración de la empresa.

La crisis de La Suipachense se suma a la de otras firmas del sector, como ARSA, productora de yogures y postres SanCor, que también fue declarada en quiebra recientemente. Ambas compañías estaban bajo la gestión del grupo venezolano Maralac, que no logró revertir la situación financiera heredada tras el derrumbe del Grupo Vicentin. El sector lácteo argentino enfrenta una coyuntura adversa, marcada por sobreendeudamiento, caída de precios internacionales, altos costos operativos y baja rentabilidad, lo que ha derivado en una ola de quiebras y cierres de plantas industriales.

Gremios como ATILRA denunciaron despidos masivos, salarios impagos y pérdida de proveedores, mientras los trabajadores ocuparon la planta en reclamo de pagos atrasados. El juez Enríquez subrayó en su fallo la importancia de considerar el "clima económico-social" que rodea el caso, reflejando el impacto profundo de la crisis en la comunidad local y en la industria láctea nacional. La quiebra de La Suipachense representa una postal de la recesión que atraviesa el sector, dejando a cientos de familias sin su principal fuente de empleo y a la región sin uno de sus motores económicos históricos.