El barrio privado de Nordelta, en Tigre, se convirtió en epicentro de una investigación judicial por presuntas coimas en la compra de medicamentos para la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El caso se originó tras la filtración de audios de Diego Spagnuolo, ex director de la ANDIS, que apuntan a supuestos pedidos de sobornos vinculados a la droguería Suizo Argentina, propiedad de la familia Kovalivker.

El juez federal Sebastián Casanello ordenó una serie de allanamientos en los barrios "La Isla" y "El Golf" de Nordelta, así como en la administración general del complejo. Personal del Departamento de Delitos Complejos de la Policía de la Ciudad incautó cámaras de seguridad, registros de entradas y salidas, y documentos relevantes para la causa. El objetivo principal es reconstruir los movimientos de Jonathan Kovalivker, presidente de Suizo Argentina, quien abandonó el country poco antes de los operativos y luego se presentó ante la justicia, entregando su celular apagado y sin contraseña.

Durante los procedimientos, Emmanuel Kovalivker fue interceptado con sobres que contenían US$266.000 y $7.000.000, además de anotaciones numéricas. La justicia también investiga la posible obstrucción por parte del jefe de seguridad de Nordelta, Ariel De Vincentis, quien fue indagado y negó haber alertado a los empresarios sobre los allanamientos. De Vincentis entregó dos celulares y las claves para su peritaje, mientras la fiscalía analiza varios dispositivos electrónicos, algunos con mensajes eliminados.

El presidente Javier Milei se refirió públicamente al caso, desmintiendo las acusaciones y asegurando que "todo lo que dice Spagnuolo es mentira". Milei prometió llevar el asunto a la justicia para probar la falsedad de los audios. Por el momento, no hay imputados ni detenidos, pero los involucrados tienen prohibición de salir del país.

El escándalo ha generado preocupación entre los vecinos de Nordelta, quienes discutieron el caso en chats internos y manifestaron inquietud por la exposición mediática. La familia Kovalivker, además de su actividad empresarial, es conocida por su afición a los autos de lujo y su participación en competencias internacionales, lo que ha añadido un matiz de notoriedad al caso.

La investigación continúa bajo la órbita del fiscal federal Franco Picardi, mientras la justicia busca esclarecer si existieron pagos ilegales y determinar responsabilidades. El caso pone en foco la transparencia en la gestión pública y el impacto de las denuncias de corrupción en la comunidad y el gobierno nacional.