La muerte de Martín Luciano Siegfried, un recluso de 26 años alojado en la Unidad Penal N°1 de Paraná, desató una serie de incidentes y protestas en las inmediaciones del penal. El joven, que cumplía una condena por delitos vinculados al narcotráfico y la estafa, fue apuñalado el jueves pasado en circunstancias que aún se investigan. Tras ser trasladado de urgencia al Hospital San Martín, falleció poco después de su ingreso.

La versión preliminar de las autoridades indica que el ataque se produjo durante una pelea entre internos por el control del pabellón, utilizando una "faca tumbera". Sin embargo, la familia de Siegfried rechaza esta hipótesis y sostiene que el crimen fue premeditado, asegurando que la víctima fue asesinada mientras dormía. "Lo mataron como a un perro mientras dormía", declaró su madre a medios locales, mientras que una de sus hermanas exigió la exhibición de las grabaciones internas del penal.

La noticia del homicidio generó una protesta frente a la cárcel, donde familiares y allegados de Siegfried quemaron neumáticos en reclamo de justicia y explicaciones sobre el hecho. Durante la manifestación, dos personas se prendieron fuego accidentalmente al manipular las gomas encendidas, aunque lograron apartarse a tiempo y no sufrieron heridas de gravedad. El fuego fue rápidamente sofocado por personal penitenciario y bomberos.

La investigación judicial quedó a cargo de la fiscal Patricia Yedro, de la Unidad de Delitos Complejos, quien busca esclarecer las circunstancias del homicidio y la posible responsabilidad de otros internos o del personal penitenciario. Dos hermanos de apellido Miño, también internos y con antecedentes por homicidio, fueron trasladados a la Alcaidía de los Tribunales como principales sospechosos.

El caso reavivó el debate sobre la seguridad y las condiciones dentro de las cárceles de Entre Ríos. Mientras la familia de la víctima insiste en la falta de transparencia y reclama acceso a registros audiovisuales, el Servicio Penitenciario Provincial inició un sumario interno para determinar si hubo fallas en los protocolos de control. La comunidad local observa con preocupación el desarrollo de los hechos y la respuesta de las autoridades, en un contexto de reiterados conflictos en el sistema penitenciario provincial.