Un estremecedor caso de doble homicidio seguido de suicidio sacudió a la localidad santafesina de General Lagos. El lunes 15 de junio, la policía halló los cuerpos sin vida de un hombre de 46 años y sus dos hijos, de 4 y 10 años, en una vivienda ubicada en España al 900. Las primeras pericias confirmaron que las víctimas murieron por intoxicación con monóxido de carbono, en un hecho que las autoridades calificaron como planificado y deliberado.

Según la investigación, el padre acondicionó la casa para propagar el gas tóxico, sellando herméticamente el ambiente, incluso cubriendo las hendijas de puertas y ventanas. "La causa de la muerte de estas tres personas fue intoxicación por monóxido de carbono, propagado de forma intencional y deliberada", explicó el fiscal Franco Tassini, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas. En el lugar se encontró una carta manuscrita en la que el hombre anticipaba su decisión de atentar contra la vida de sus hijos y luego suicidarse.

La madre de los menores había denunciado la desaparición de los niños tras no poder comunicarse con su expareja. La policía, junto a un familiar del hombre, ingresó a la vivienda y encontró los cuerpos en una habitación cerrada. Las autopsias confirmaron que no había signos de violencia física en los menores, quienes fallecieron por la inhalación del gas.

El caso reveló antecedentes de violencia de género: la madre había denunciado al hombre en febrero por violencia económica, psicológica y simbólica, lo que derivó en una restricción de acercamiento que solo protegía a la mujer, no a los niños. "No hay constancia de violencia previa contra los chicos y sobre sus cuerpos tampoco hay indicios de violencia física", aclaró el fiscal.

Las autoridades continúan con la investigación, realizando peritajes a dispositivos electrónicos y analizando cámaras de seguridad para descartar la intervención de terceros. El hecho generó una profunda conmoción en la comunidad y entre los efectivos policiales que participaron del operativo. El caso pone en debate la efectividad de las medidas de protección y la necesidad de revisar los alcances de las restricciones judiciales en situaciones de violencia familiar.