El conflicto salarial en la industria aceitera argentina continúa sin resolución tras una extensa audiencia celebrada este martes en la Secretaría de Trabajo de la Nación. Representantes de la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara-CEC) y los sindicatos aceiteros, entre ellos el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso (FTCIODyARA), no lograron alcanzar un acuerdo salarial, aunque coincidieron en la necesidad de mantener el diálogo.

La reunión, que se extendió por más de cuatro horas e incluyó varios cuartos intermedios, se desarrolló en el marco de la conciliación obligatoria, que vence este jueves. De no haber avances, los gremios advirtieron que podrían iniciar un paro por tiempo indeterminado, lo que genera preocupación en el sector agroindustrial, especialmente en plena cosecha gruesa y en uno de los períodos de mayor actividad exportadora.

La principal diferencia entre las partes radica en la modalidad de actualización salarial. Mientras la industria propone una actualización mensual atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec, los sindicatos exigen un aumento superior y retroactivo a mayo, argumentando que el salario inicial debería alcanzar los $2.802.754, frente a los $2.344.000 actuales. "El reclamo de nuestras organizaciones se fundamenta en el derecho a un Salario Mínimo Vital y Móvil según su definición en la Constitución Nacional", señalaron desde los gremios.

Por su parte, Ciara-CEC defendió su propuesta y pidió a los trabajadores que convenzan a sus líderes sindicales de aceptarla para evitar pérdidas salariales y productivas. "El camino del paro nacional no sirve para nadie", afirmaron desde la cámara empresaria, que también destacó que los salarios aceiteros se encuentran entre los más altos del país y que la propuesta garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo.

El conflicto se originó a fines de mayo, cuando una oferta de incremento salarial del 0% llevó a un paro y a la intervención del Ministerio de Capital Humano, que dictó la conciliación obligatoria. Desde entonces, las negociaciones han continuado sin éxito, y la expectativa está puesta en la audiencia del jueves, que podría definir el futuro del sector.

El desenlace de este conflicto es clave para la cadena agroindustrial argentina, ya que una medida de fuerza podría afectar la producción, las exportaciones y el ingreso de divisas en un momento crítico para la economía nacional.