El PAMI, la mayor obra social de Argentina, anunció que saldará su deuda con farmacias y proveedores mediante la entrega de bonos del Tesoro, en lugar de pagos en efectivo. Esta decisión, impulsada por el Ministerio de Economía, busca regularizar una deuda que supera los 500.000 millones de pesos y que afecta a farmacias, clínicas y otros prestadores de servicios de salud en todo el país.

Según informaron fuentes del sector, el pago se realizará con Letras del Tesoro (Lecap) con vencimiento en 2026. Si bien la Confederación Farmacéutica Argentina aprobó el mecanismo, la medida generó preocupación entre los propietarios de farmacias, especialmente las de menor tamaño, que dependen de la liquidez diaria para reponer stock y cumplir con sus proveedores. “El paciente empieza a deambular de farmacia en farmacia, viendo cuál puede o cuál tiene el stock disponible para poder dispensarle ese medicamento”, advirtió Leonardo Rodríguez, presidente de la Asociación de Propietarios de Farmacias de San Juan.

En provincias como Salta y San Juan, referentes del sector señalaron que el atraso en los pagos, que ya alcanzaba hasta 120 días, se agrava con la propuesta de bonos, ya que los plazos de cobro se extienden y el valor de los títulos en el mercado secundario puede ser menor al nominal. Susana Carrasco, presidenta de la Cámara de Propietarios de Farmacias de Salta, expresó: “Esperábamos cobrar en efectivo, pero aceptamos porque necesitamos cobrar”.

El impacto de la medida es significativo, ya que el PAMI representa entre el 60% y el 65% de la facturación de muchas farmacias. La falta de pagos en tiempo y forma pone en riesgo la provisión de medicamentos a jubilados y pensionados, y podría derivar en cortes de crédito con droguerías y desabastecimiento en los comercios.

El uso de bonos para cancelar deudas estatales no es nuevo en Argentina. Recientemente, el sector energético también recibió títulos públicos para saldar obligaciones. Sin embargo, la extensión de este mecanismo al sector farmacéutico genera incertidumbre, especialmente en un contexto de recesión y dificultades financieras para los comercios de menor escala.

Mientras tanto, el debate sobre la liberalización de la venta de medicamentos fuera de farmacias añade un elemento de preocupación adicional para el sector, que advierte sobre los riesgos sanitarios y la pérdida de control profesional en la dispensación de medicamentos. El futuro de la provisión de medicamentos a jubilados dependerá de la capacidad de adaptación de farmacias y proveedores a este nuevo esquema de pagos y de la respuesta del mercado a los bonos emitidos por el Estado.