La negociación salarial entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y los gremios estatales, especialmente los docentes, atraviesa un momento de alta tensión. En las últimas reuniones paritarias, celebradas los días 12 y 13 de junio, el Ejecutivo provincial no presentó ninguna propuesta de aumento salarial, lo que generó un fuerte malestar entre los trabajadores.

El gobierno de Axel Kicillof confirmó el pago del medio aguinaldo y anunció un aumento del 30% en los montos de las asignaciones familiares, además de un plan de refinanciación de deudas para empleados públicos, impulsado por el Banco Provincia. Esta iniciativa responde al creciente endeudamiento de los trabajadores estatales, quienes enfrentan dificultades para cubrir gastos básicos debido a la pérdida de poder adquisitivo.

A pesar de estos anuncios, los gremios consideran insuficientes las medidas y reclaman una urgente recomposición salarial que compense la inflación acumulada, que en lo que va de 2026 alcanza el 14,7%, mientras que el último acuerdo salarial, firmado en marzo, otorgó solo un 9% de aumento en tres tramos. La brecha entre salarios e inflación es el principal argumento de los sindicatos, que advierten una pérdida del poder adquisitivo superior al 3%.

Sectores docentes, como Suteba Multicolor, han convocado a un paro provincial para el 18 de junio, en el marco de una jornada nacional de lucha. Las bases sindicales presionan por medidas más contundentes, mientras las conducciones gremiales mantienen el diálogo con el gobierno, aunque insisten en la necesidad de que cualquier mejora salarial impacte en los haberes de junio.

El Ejecutivo bonaerense, por su parte, busca alcanzar un acuerdo plurimensual que otorgue previsibilidad a las cuentas públicas y evite negociaciones permanentes. Sin embargo, la falta de avances concretos y la incertidumbre sobre la fecha de una nueva convocatoria mantienen en vilo a los trabajadores estatales y docentes.

El conflicto salarial se da en un contexto de dificultades fiscales para la provincia, agravadas por recortes de fondos nacionales y un alto nivel de endeudamiento. Si no se presentan soluciones en el corto plazo, el escenario podría derivar en nuevas medidas de fuerza y una profundización del malestar social.