La Justicia federal investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito tras la adquisición de dos propiedades en la Ciudad de Buenos Aires y la localidad de Exaltación de la Cruz. La causa, impulsada por una denuncia de la diputada Marcela Pagano, busca determinar si Adorni puede justificar con sus ingresos como funcionario público los fondos utilizados en la compra de los inmuebles y en una serie de viajes al exterior.

La escribana Adriana Nechevenko, quien intervino en las operaciones inmobiliarias, declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita y aportó detalles sobre los mecanismos financieros empleados. Según su testimonio, la compra del departamento de Caballito se realizó mediante una hipoteca privada, con un adelanto de 30.000 dólares y el resto a pagar en cuotas sin intereses. En el caso de la casa en el country Indio Cuá, la operación incluyó un préstamo de 100.000 dólares con un interés anual del 11%, más 20.000 dólares de fondos propios.

Nechevenko entregó documentación adicional a la fiscalía y aseguró que el dinero utilizado era de origen legal, aunque reconoció que no está obligada a exigir documentación respaldatoria más allá de la declaración del comprador. La inmobiliaria Rucci Propiedades, que participó en la venta del departamento de Caballito, también fue citada como testigo y aportó información sobre la operación.

El fiscal Pollicita analiza posibles inconsistencias entre los ingresos declarados por Adorni y los gastos realizados, especialmente en lo referido a la adquisición de los inmuebles y los viajes. En su última declaración jurada, Adorni reportó un patrimonio de 107 millones de pesos y la tenencia de 50.000 dólares.

Desde la Casa Rosada sostienen que "todo está en regla" y que la próxima declaración jurada del funcionario despejará las dudas. Sin embargo, analistas y medios han señalado posibles irregularidades en la operatoria, como la falta de intereses en una de las hipotecas y la ausencia de debida diligencia reforzada por tratarse de un funcionario de alto rango.

El caso ha generado debate público y repercusiones políticas, en un contexto de creciente escrutinio sobre la transparencia y el patrimonio de los funcionarios del gobierno nacional. Se espera que la investigación judicial avance con nuevas medidas de prueba y la presentación de la declaración jurada correspondiente al período fiscal 2025.