La crisis en la fábrica de neumáticos FATE, ubicada en la provincia de Buenos Aires, continúa generando repercusiones judiciales y políticas. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó un fallo que obliga a la empresa a pagar los salarios adeudados a los trabajadores afectados por el cierre de la planta, ocurrido en febrero de este año. La medida judicial se fundamenta en un acuerdo firmado en mayo de 2025, que establecía la prohibición de despidos sin causa hasta junio de 2026.

Según fuentes sindicales y empresariales, más del 70% de los 920 empleados aceptó la propuesta de desvinculación y recibió su indemnización, mientras que unos 250 trabajadores permanecen en conflicto, algunos de ellos ocupando las instalaciones. FATE argumenta que la falta de personal especializado, como técnicos e ingenieros, imposibilita la reapertura de la fábrica en condiciones de seguridad y calidad. Además, la empresa anunció que apelará el fallo ante la Corte Suprema de Justicia.

El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) intensificó sus gestiones políticas y sociales para evitar la pérdida definitiva de empleos. El gremio mantuvo reuniones con el diputado nacional Máximo Kirchner, quien expresó su apoyo a los trabajadores y criticó la política industrial del gobierno de Javier Milei. "Los trabajadores y trabajadoras no son un obstáculo, son garantes del crecimiento de la industria", afirmó Kirchner en un comunicado.

SUTNA también solicitó una audiencia con el gobernador Axel Kicillof y recibió el respaldo de la Iglesia y de la Asociación de Trabajadores del Estado. El sindicato impulsa un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para autorizar la ocupación temporal de la planta bajo gestión estatal y de los trabajadores, advirtiendo sobre el riesgo de una "catástrofe social" si la fábrica no reabre.

El conflicto de FATE se enmarca en un contexto de apertura de importaciones y dificultades para la industria nacional. La planta es la única en el país que produce neumáticos para camiones y colectivos, lo que agrava el impacto de su cierre. En los próximos días, se espera que la empresa defina su estrategia judicial y que continúen las negociaciones entre las partes, mientras crece la presión política y social para encontrar una solución que preserve los puestos de trabajo y la producción nacional.